Rocha Moya da oxígeno puro a la oposición
La acusación formal que hizo el gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa —una versión que ya estaba en boca de todo México, pero que la Cuarta Transformación y el propio mandatario callaban— viene a ser oxígeno puro para la oposición, principalmente para el Partido Acción Nacional, que no aguanta la embestida que el gobierno federal le asesta contra Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, por el tema de los agentes norteamericanos que murieron en un accidente y que no tenían permiso para estar operando en territorio mexicano.
Este nuevo escándalo de la 4T, que confirma el discurso repetitivo y hasta cansado de Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) —de que en la administración pública federal y en el Congreso de la Unión hay personajes coludidos con el crimen organizado—, le da la razón y lo asume como un triunfo que, para la contraparte, será un duro golpe de revertir, sobre todo por las señales de corrupción que ya se habían publicado por parte del gobernador morenista.
La denuncia que presentó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos viene a trastocar el discurso de la presidenta de México, quien ha defendido a los morenistas y que, para acusarlos, pide tener pruebas.
El hecho, en realidad, es una bomba de tiempo porque echa por la borda el discurso oficialista y, si la justicia del vecino país del norte ya empezó a mover sus piezas del ajedrez, es porque quiere levantar la popularidad del presidente Donald Trump, quien anda arrastrando la cobija en las preferencias ciudadanas por sus malas decisiones políticas y por su discurso racista.
La acusación también envuelve a otra docena de políticos que están incrustados en el gobierno del estado de Sinaloa, quienes, junto con Rocha Moya, tendrán que enfrentar los cargos de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Muy seguramente, la oposición saldrá a decir que los verdaderos traidores a la patria son los morenistas, porque se les ha comprobado que son “distribuidores de grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”.
El tema ya es un escándalo, tanto que el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, fijó su postura: “Hay algo claro: la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”.
La Corte del Distrito Sur de Nueva York acusa a Rocha Moya y a otros nueve “políticos y policías corruptos”. Esta lista incluye al senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, otrora secretario general de Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; al secretario de Finanzas del gobierno de Sinaloa, Enrique Díaz Vega; así como a encargados de seguridad de la entidad, como el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, de abusar de su autoridad para beneficiar al grupo criminal a cambio de sobornos millonarios.
La bomba explotó en el momento planeado; por ello, que el gobernador Rocha Moya haya rechazado “categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en su contra porque carecen de fundamentos y son más bien un ataque contra su persona y la 4T” es un garlito para salir del paso, pues a estas alturas ya nadie le cree, ni los propios morenistas incrustados en el alto círculo de poder.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos relata las operaciones ilícitas que comprometen el accionar de Rocha Moya y sus allegados. Salir bien librado de esta acusación está en chino, tanto que ni la bendición desde la mañanera le brindará la garantía de estar libre de todo pecado.
Por lo pronto, el tema de Maru Campos, en Chihuahua, tendrá que esperar un rato más, porque la premisa es borrar del escenario nacional este trancazo que recibe la Cuarta Transformación, y no dude que se espera sea el inicio para redireccionar hacia otros objetivos ya señalados públicamente, como el de Adán Augusto López Hernández con el grupo delincuencial La Barredora, y el más reciente: el caso del huachicol y la detención del sobrino del exsecretario de Marina.
