Déspota con sus empleados, sumisa con los políticos
Si algo ha quedado claro en este nuevo escándalo es que el poder en México no solo se hereda: también se ejerce con los mismos vicios. Las prácticas autoritarias y el uso patrimonialista de los recursos públicos que marcaron el paso de José Patrocinio González Blanco Garrido por el gobierno de Chiapas parecen haber encontrado continuidad en su hija, Josefa González Blanco Ortiz-Mena, cuando se desempeñó como embajadora de México en el Reino Unido.
Hoy está en el ojo del huracán por presunto tráfico de influencias al utilizar recursos públicos para brindar hospedaje e incluso un cocinero particular al hijo de Marcelo Ebrard Casaubón durante su estancia en Europa como estudiante.
Lamentablemente, tenía que ser Chiapas de donde proviniera este pésimo ejemplo de corrupción al más alto nivel, que hoy también coloca en el centro de las críticas al actual secretario de Economía federal.
Está corroborado que éste solicitó el favor a Josefa González Blanco Ortiz-Mena, entonces embajadora en Londres, “porque sus propios recursos no le alcanzaban”, aunque sí contó con solvencia para autoexiliarse en Francia de 2012 a 2017, tras ser señalado por irregularidades en la Línea 12 del Metro y durante su gestión como secretario de Finanzas cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México.
El tema ha sido tan cuestionado que la postura del funcionario, al reconocer haber pedido alojamiento para su primogénito, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, bajo el argumento de su preocupación como “padre abnegado”, resulta tan cínica como ofensiva para millones de jóvenes que luchan por estudiar y trabajar al mismo tiempo para salir adelante.
En esta encrucijada, de la que parece no saber cómo salir, también sale a relucir la forma de pagar favores por parte de la exdiplomática chiapaneca, quien tampoco tiene un historial intachable. Su trayectoria está marcada por diversos señalamientos de influyentismo, que incluso le habrían costado su salida de dependencias donde fue colocada con la intervención de su padre.
Josefa González Blanco Ortiz-Mena no ha salido a fijar postura tras la revelación pública de que Ebrard Ramos residió en la embajada de México en el Reino Unido entre seis y ocho meses, en plena pandemia por COVID-19, hecho que el propio secretario de Economía reconoció en la conferencia matutina presidencial, la mañanera.
Qué bueno que la exembajadora haya tratado como a un hijo al joven Ebrard; lo cuestionable es que ese trato privilegiado se haya dado a alguien con apellidos de peso, mientras que muchos otros jóvenes en condiciones similares no recibieron apoyo. Más aún, cuando a varios estudiantes en el extranjero les fueron retiradas sus becas al inicio del actual gobierno, bajo el argumento de que no necesitaban salir del país.
Josefa González Blanco Ortiz-Mena es conocida por su trabajo en proyectos de conservación —como la reintroducción de la guacamaya roja en Palenque— y fue titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2019). Sin embargo, en mayo de 2019 fue separada del cargo tras abusar de su posición al solicitar a una aerolínea retrasar un vuelo.
Las críticas obligaron al presidente a destituirla, aunque posteriormente fue designada embajadora en Londres, cargo que ocupó de 2021 a 2026. No obstante, los escándalos continuaron, pues antes de concluir su gestión fue señalada por presunto acoso laboral por parte de integrantes de su equipo.
Entre las frases que marcaron su paso por el servicio público destaca aquella que evidenciaba un trato autoritario: “Si yo te digo que te hinques, te hincas”. La renuncia de decenas de funcionarios durante su estancia como embajadora es reflejo del estilo déspota con el que, según denuncias, se conducía, contrastando con su actitud complaciente frente a figuras políticas de alto nivel.
Mientras tanto, el secretario de Economía se mantiene sin mayores consecuencias, asegurando que no hubo tráfico de influencias ni uso indebido de recursos públicos para beneficiar a su hijo. Así, se refuerza la percepción de un sistema desigual, donde los ciudadanos comunes enfrentan sanciones, mientras que los funcionarios influyentes permanecen protegidos por el poder.
