La Corte, el contrapeso que alguna vez fue
El cáncer de los acordeones utilizados en la elección de 2024 para elegir a los integrantes del Poder Judicial es hoy el reflejo de tener una Corte endeble, al servicio del poder y no necesariamente para proteger a las minorías, a los grupos más desprotegidos.
Desde hace más de un año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación representa todo menos lo que los mexicanos pensaron que sería para contrarrestar los abusos del poder: ser un contrapeso institucional, como lo fue el Poder Judicial que “murió” con la celebración de las elecciones que, siempre se supo, no era una petición del pueblo, porque los mexicanos en realidad desconocen el alcance de las funciones de este ente supremo.
Hoy, cada semana, durante las sesiones que lleva a cabo la Corte, en las redes sociales se presentan escenarios deplorables de cómo se conducen las ministras y ministros, cometiendo pifias, con total desconocimiento de los temas que abordan. El hazmerreír no ha tenido compasión de algunas de ellas, como la autollamada “ministra del pueblo”, Lenia Batres, a quien siempre le andan corrigiendo la plana.
O, en el caso contrario, se unen para aprobar temas tan controversiales e insólitos que ponen en el escenario el camino que llevamos para que los mexicanos sean sometidos y ultrajados, sin que medie una orden judicial previa o una investigación que lleve a tomar una determinación tan delicada como trascendental en la vida del sistema político actual.
Un caso especial se registró en plenas vacaciones de Semana Santa, cuando la Suprema Corte abandonó la jurisprudencia de 2018 en la que se estableció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede realizar bloqueos a cuentas bancarias de los mexicanos sólo cuando exista solicitud expresa de una autoridad extranjera.
Ahora, la SCJN avaló que la UIF bloquee cuentas bancarias sin orden judicial cada vez que sospeche que existen fondos de origen ilícito.
La sospecha como solución, la medida que prioriza la Corte, deja expuestos a los mexicanos y donde, justamente, los ajustes de cuentas o revanchas políticas pueden operar por cualquier político, esos, por ejemplo, que han sido balconeados en las sesiones de las cámaras Alta y Baja de estar coludidos con grupos criminales o la llamada delincuencia organizada. Ahora cualquier adversario estará en el ojo del huracán para que no se ande metiendo con “Sansón a las patadas”.
Las verdaderas sospechas serán ignoradas o, en el mejor de los casos, aprobadas como no procedentes, todo en tiempo récord, como recientemente pasó cuando la UIF descartó operaciones sospechosas en empresas ligadas al cuñado de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo cuando se opere de forma directa contra personas que se sabe de antemano están ligadas a la delincuencia organizada y que nada de lo que se diga puede ocultar sus nexos.
Así, los ministros reforzaron la última reforma a la Ley de Amparo, en la que se prohibió a los jueces federales conceder suspensiones para levantar estos bloqueos, mismos que pueden durar por tiempo indefinido.
“La UIF, conforme a su mandato legal, cuenta con la competencia y las facultades necesarias para solicitar el bloqueo de cuentas bancarias cuando existan indicios de actividades ilícitas. La finalidad de su creación es contribuir de manera efectiva a la prevención y combate de dichas conductas, no sólo en cumplimiento de compromisos internacionales, sino también en apoyo a las autoridades mexicanas en el ámbito interno”, señala el dictamen de la Corte.
El proceso introducido denota que, en un primer momento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo sus atribuciones, deberá contar con indicios suficientes de que una persona se encuentra relacionada con ciertos delitos.
Es de resaltar que hubo pronunciamientos sensatos, como el de la ministra Yasmín Esquivel, quien dijo que la medida afectará la propiedad privada porque el Congreso no estableció parámetros para decidir en qué momentos y a quiénes bloquear y a quiénes no.
“La norma impugnada incurre todavía en una grave deficiencia, ya que los usuarios de los servicios financieros no tienen certeza sobre cuáles son las conductas en el manejo de sus cuentas que abren la posibilidad de que se inicie una indagatoria en la UIF, cuya tarea no es la de perseguir delitos, pues esa función compete exclusivamente al Ministerio Público, sino solamente verificar que el sistema financiero no ingrese recursos de una posible procedencia ilícita”, indicó Esquivel.
En suma, el trabajo de la Corte no se sabe si es para reírse o para preocuparse, pero lo cierto es que el trabajo que realizan no corresponde a la “petición” del pueblo de que querían nuevos integrantes, aunque éstos no sepan ni cómo se llaman. Hoy ha demostrado que el contrapeso que alguna vez fue al poder quedó en el limbo.
