Fe y esperanza en las instituciones, a pesar de la violencia
La ceremonia religiosa que concluyó con la festividad de la Semana Santa, en la que millones de personas en México mantienen viva su fe, amor y esperanza por un país mejor, sigue vigente a pesar de las adversidades.
La crisis de gobernabilidad que prevalece en varias entidades de la República fue, quizá, el tema principal por el cual los ciudadanos mexicanos doblaron las rodillas para volver a confiar en sus autoridades y pedir al Creador, a Dios —o como cada quien nombre a su guía espiritual— recuperar la paz que los hogares han perdido en la última década, debido a la falta de una política firme que combata a los grupos delincuenciales.
A pesar de la agobiante situación económica que enfrentan las familias, estas hicieron “milagros” para olvidar sus penas y, en la medida de lo posible, salir de la rutina diaria, dejar de lado la carga económica y los hechos de violencia que no cesan. Además, intentaron apartarse de las cifras escalofriantes sobre la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, que han alcanzado niveles históricos y que, por cierto, el gobierno de México se niega a reconocer. Este tema, precisamente, quedó relegado durante esta significativa fecha cristiana.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), frecuentemente criticada por el gobierno, difundió una declaración contundente que pasó casi desapercibida en medio de las celebraciones: existen indicios de crímenes de lesa humanidad. Por ello, el comité del organismo pidió investigar las desapariciones forzadas en México.
No es de extrañar que este señalamiento haya impactado a la autoridad mexicana, que de inmediato salió a desmentirlo bajo el argumento de que dichos crímenes son cometidos por grupos de la delincuencia organizada y no por funcionarios del Estado.
Sea como fuere, el golpe ya está dado. Desestimar esta realidad, sustentada por un organismo internacional, deja mal parado al Estado, aunque este insista en que las cosas no son como se presentan.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha solicitado la aplicación de medidas para la prevención, investigación, sanción y erradicación de este delito en México. Sus reportes señalan que las desapariciones forzadas continúan cometiéndose como crímenes de lesa humanidad.
El término, por sí mismo, constituye un llamado urgente para la intervención del gobierno, el cual, por cierto, hace apenas dos semanas —tras más de un año de retrasos— presentó un informe sobre este rubro. Las cifras no agradaron a la oposición ni a los medios de comunicación críticos de la política pública impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
En el más reciente informe internacional, el Estado de México fue la entidad más señalada, al concentrar el mayor número de desapariciones forzadas.
“El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad ocurran a escala nacional ni que sean orquestados desde las más altas esferas del gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y que estos se dirijan contra la población civil”, señaló el presidente del comité, Juan Albán-Alencastro.
Ante la gravedad de la situación, el organismo ofrece apoyo; sin embargo, aceptarlo por parte del gobierno mexicano implicaría, en cierta medida, reconocer que este flagelo se encuentra fuera de control. Las cifras que presenta la ONU son alarmantes: desde 2021 se han hallado más de 4,500 fosas clandestinas, con al menos 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos.
La violencia en México parece contradecir la postura oficial. Los crímenes registrados durante la Semana Santa son un ejemplo de que la situación persistirá: ni los días de recogimiento ni la presión de Estados Unidos han logrado disminuir estos ataques que ponen en riesgo la vida de las familias.
Por ello, insistimos en que las liturgias escuchadas en miles de púlpitos han generado una ola de peticiones para que la autoridad cumpla con su deber de proteger la integridad de los ciudadanos y, al mismo tiempo, recupere la confianza en unas instituciones debilitadas que deben convertirse, de una vez por todas, en garantes de la justicia. Es lo mínimo necesario para aspirar a vivir en un Estado libre y soberano.
