José Cancino / Corresponsal de Tapachula
-¿Qué no sabe leer?- le dice una policia municipal a Norberto, un cubano que fue deportado en febrero último desde Estados Unidos y llegó al calor agobiante de Tapachula.
El hombre permanece sentado en el escenario del foro techado en el parque central, no entiende el argumento de la uniformada y después, con el dedo índice y postura fantoche, le señala un letrero hecho a lona blanca que reza «No sentarse en este escenario». Norberto y un puñado de isleños se paran, buscan sombra pero no hay, se quedan a medio parque con el a quemarropa sobre ellos. «Nos queremos ir de aquí no tenemos trabajo, nadie nos ayuda, estamos durmiendo en la calle», suelta Arsenio, un hombre de setenta y tantos años que apenas pueda andar.
Desque que el 2026 se asomaba, Estados Unidos ya tenía preparados los envíos de cientos de cubanos desde Alcatraz y otras cárceles a Villahermosa y Tapachula. Las estimaciones de activistas rondan los ocho mil en ambas ciudades del sureste mexicano.
Aquí los han dejado a su suerte, después de bajar de un camión y pasar días enteros sin hacer nada, no porque no quieran, sino porque apenas contratan a algunos en empleos mal remunerados con los que apenas pueden obtener un bocado al día; con mucha suerte dos. Los cubanos se reúnen para tomar acuerdos e impulsar junto al activista Luis García Villagrán amparos que les permitan caminar por todo Chiapas y todo México, pero las resoluciones pueden dilatar un poco.
«Lo único que queremos es que nos den permisos para
transitar por México, no queremos estar aquí, después de vivir tantos años en ciudades de Estados Unidos lo único que queremos es irnos, sáquennos de este infierno», coinciden varios de ellos ya angustiados y desesperados por marcharse de la frontera sur.
Para los cubanos, haber llegado a Tapachula representa la peor de las afrentas. Muchos llegaron expulsados por felonías menores (deli-tos comunes), muchos otros por la política antiinmigrante de Donald Trump.
«Los traen acá porque han hecho de Tapachula una prisión a cielo abierto, donde no pueden comer, dormir, trabajar ni hacer vida, es un castigo para quienes vivieron muchos años en Estados Unidos y ahora los quieren castigar como los peores criminales», sentencia Villagrán.
Hasta entonces, ni el Instituto Nacional de Migración ni la Comisión de Refugio han depurado las peticiones de cientos de personas que nunca les cruzó por la cabeza estar un día en Tapachula.
