Ley de Agua acorrala a productores

• La crítica situación en el campo empeoró, aseguran propietarios de parcelas y ranchos en el Soconusco

Jorge Pérez Pólito

Productores del Soconusco manifestaron que se encuentran en la incertidumbre e indefensión con la nueva Ley General de Agua y sus reformas, que entró en vigor en diciembre del año pasado.
El productor de diversos cultivos como mangostán, café, yaca, entre otros, Antonio Vallejo Sonnemann, expresó que la situación ya es crítica y ahora está peor con mayor inestabilidad y en el limbo por parte de las autoridades.
Ejemplificó que como está planteada la ley, para un agricultor que tenga un terreno es como tener un Ferrari, pero que te prohíban echarle gasolina: no se puede usar. «Así es para el productor, ya que podrá tener el mejor rancho o las mejores tierras, pero si no tiene el combustible que es el agua, nada o poco podrá hacer, solo dependerá del agua que cae del cielo», externó.
Vallejo Sonnemann compartió que hace siete años murió su mamá, quien era la titular de la concesión del agua que además también ya venció. «No tenemos el papelito de la concesión con el que se pueden hacer muchas cosas, como solicitar subsidios para la energía eléctrica, para poder regar, para pedir créditos al banco o a las financieras para sembrar. Podrás tener muchas ganas de sembrar, pero si no tienes el título los dueños del oro y la plata no te dan nada», puntualizó.
Señaló que la mayoría, si no es que todos, están en su misma situación (concesiones vencidas o sus papás que eran los titulares fallecidos) y lo que les quedaría sería tener cultivos de temporal, lo cual no es rentable aquí ni en ninguna parte del mundo. «Para poder tener una agricultura moderna, necesitamos los títulos de concesión bien definidos y de una forma que nos sirva», aseveró.
Cabe comentar que la nueva Ley General de Aguas de México, aprobada en diciembre de 2025, se centra en el derecho humano al agua, limitando concesiones a particulares para evitar acaparamiento y el «mercado negro», eliminando la transmisión de derechos entre privados y fortaleciendo el control de la Conagua. La ley prioriza el consumo doméstico, impulsa el reúso y establece severos delitos hídricos.

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