Mario Caballero
¿Cuándo caerá Guillermo Ramos?
Espero que pronto. Lo pregunto en el marco de la detención de Natividad Gallardo Ramos, exoficial mayor del Poder Judicial del Estado, y del representante legal de la empresa Electroion, S.A. de C.V.
Sin duda, Guillermo Ramos Pérez ha sido el peor presidente que ha tenido el órgano de justicia local. En él se cumplió aquella frase de “El que nunca tuvo y llega a tener, loco se quiere volver”.
Llegó a la titularidad del Poder Judicial, pero no por méritos propios sino por una mera prebenda política, una concesión por parte del exgobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien ante la repentina muerte del entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Óscar Trinidad Palacios, optó por tener un presidente a modo, o mejor dicho, su tonto útil.
EL TONTO ÚTIL
La gestión de Ramos se caracterizó, principalmente, por ser un periodo marcado por presuntos desvíos de recursos públicos, simulación de servicios y manipulación de sentencias judiciales para favorecer a particulares, o bien, funcionarios del gobierno pasado.
Por ejemplo, permitió que casos de irregularidades financieras y tráfico de influencias cometidos durante ese execrable sexenio encontraran en el Poder Judicial el somnífero para que durmieran el sueño de los justos.
Uno de esos casos fue el descubrimiento que hizo la Auditoría Superior de la Federación de una serie de anomalías por más de 740 millones de pesos al cierre del gobierno de Escandón Cadenas.
De acuerdo con el informe de auditoría, se realizaron pagos a trabajadores fallecidos, servicios fantasma y hubo opacidad en contratos de obra pública y salud. Sin embargo, el sistema judicial entonces al mando de Ramos Pérez nunca inició procesos penales significativos contra los altos mandos responsables de estas áreas.
Aparte, en ese tiempo se dieron a conocer investigaciones de la Fiscalía General de la República que señalaban una red de colusión que involucraba a varios funcionarios judiciales y empresarios con antecedentes penales.
Entre esos funcionarios estaba el mismo Guillermo Ramos, la jueza Ángeles Guadalupe Mendoza y los magistrados María Itzel Ballinas Barbosa, Claudia Lucía Domínguez Acuña y Guillermo Horacio Esponda Orantes, quienes estaban presuntamente coludidos con empresarios locales en un entramado que combina corrupción judicial, extorsión, lavado de dinero y trata de personas.
Este grupo, según el reporte de la FGR, operaba negocios ilícitos en Tuxtla Gutiérrez y bajo el amparo de autoridades estatales.
Tomando en cuenta esto no sería descabellado pensar que Guillermo Ramos también encubrió las actividades ilícitas cometidas por La Barredora en Chiapas, operada por el Grupo Tabasco, del cual uno de los principales cabecillas era su jefe y benefactor Rutilio Escandón, hoy cónsul en Miami, Florida.
No por nada críticos y distintas organizaciones locales sostenían que su presidencia servía para garantizar un sistema judicial opaco, que no actuara en contra de los exfuncionarios de la administración anterior, manteniendo una “coordinación respetuosa” que en la práctica se volvió en sumisión del Poder Judicial frente al Ejecutivo.
Como le decía: un tonto útil.
MÁS MUGRE
Pero esta historia no termina ahí.
Guillermo Ramos fue un presidente déspota, intolerante, abusivo. Despidió a docenas de trabajadores del Poder Judicial sin ninguna justificación, algunos incluso con más de veinte o treinta años de antigüedad.
En su ambición por controlarlo todo, ordenó que se colocaran en todos los edificios del Palacio de Justicia inhibidores de frecuencia, con tal de bloquear o interrumpir las comunicaciones de los empleados, que se veían obligados a salir a la calle para enviar un simple mensaje de WhatsApp a sus familiares.
No es todo. Un trabajador entonces adscrito al área de Presidencia le contó a este autor que Ramos mandó a instalar micrófonos ocultos en oficinas claves para espiar a los trabajadores y altos mandos. Y los siguió utilizando incluso después de ser separado del cargo para obtener información de la nueva administración del Poder Judicial.
Pero lo descubrieron y tuvo represalias.
El abuso de poder fue la marca de este personaje, cuya incompetencia para dirigir al órgano judicial era sólo equiparable a su hambre de poder y dinero.
No sólo se la pasaba borracho un día sí y otro también, sino usó el cargo para llenarse los bolsillos.
Prueba de ello es el famosísimo caso de la Plaza Baktún y el juicio contra el Grupo Diestra, que exhibió el tráfico de influencias y la corrupción que en esa época se metieron como la humedad en el Poder Judicial.
El juicio era por un conflicto de colindancia vecinal, donde el dueño de la Plaza Baktún, Francisco Javier Echeverría Blanco, demandó al Grupo Diestra (propietario del Hotel Marriot en Tuxtla Gutiérrez) por un adeudo de 711 mil pesos.
Por tal motivo, Echeverría contrató los servicios del exmagistrado federal José Tomás Garrido Muñoz, persona muy cercana a Memo Ramos.
Al poco tiempo, se supo que la jueza Ángeles Guadalupe Mendoza Bravo había modificado el peritaje bajo el argumento de que una colindancia de 35 metros cuadrados le impidió a Echeverría desarrollar una torre de seis pisos.
Señalado peritaje pasó luego a manos de la FGR, que cuestionaba la decisión de la jueza Mendoza Bravo por su falta de base jurídica y técnica.
Lo peor del asunto es que Ramos Pérez según les ordenó a los magistrados María Itzel Ballinas Barbosa, Claudia Lucía Domínguez Acuña y Guillermo Horacio Esponda Orantes, ratificar la sentencia que pasó de 711 mil a tres mil millones de pesos.
Como dice el dicho: “Hay que ser cochi, pero no tan trompudo”.
A LA REJA
Por ese mismo descaro, la exoficial mayor Natividad Gallardo Ramos fue detenida.
Diversas páginas de noticias se han encargado de decir que ella actuó cumpliendo las órdenes de su jefe Guillermo Ramos, pero no hay que ser ingenuos. La paremiología nos enseña que en la muerte de una vaca hay dos culpables. “La contadora Naty”, como le gustaba que la llamaran, era una mujer arrogante, con ínfulas de grandeza y, ya ven, al final no tuvo la capacidad de ocultar bien el fraude.
Su detención se debe por su presunta participación en el desvío de 24 millones 592 mil pesos del Fondo Auxiliar para la Administración del Poder Judicial a través de la contratación del servicio de mantenimiento a la Red Dorsal de Microondas, que estaría a cargo de la empresa Electroion, S.A. de C.V. Esto en enero de 2024.
Sin embargo, dicha red ya no existía. Había sido desinstalada en octubre de 2023 por instrucción de Ramos Pérez, y por ello el órgano judicial pagó cerca de 500 mil pesos.
Además de los antes mencionados, se dice que otra cómplice de este fraude es la consejera Zelmira Perla de Rocío Gutiérrez Beltrán, la consentida de Memo, quien según tiene el control de todos los juzgados de Tapachula y desde que llegó al cargo se hizo de plazas, préstamos millonarios y todas las cuotas que se “cobran” de los asuntos mercantiles le llegan a ella.
Por este caso, hay rumores de que recibió un moche del tamaño de su egolatría, es decir, monumental.
Pero la pregunta es: ¿cuándo caerá Guillermo Ramos, quien cínicamente se desempeña todavía como magistrado?
yomariocaballero@gmail.com
