Mario Caballero
20 años de podredumbre
Chiapas, un estado con cerca de seis millones de habitantes repartidos en 124 municipios, cuenta con 36 rellenos sanitarios, de los cuales muy pocos operan conforme a los estándares determinados en la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, y que la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural tiene conocimiento de al menos 117 tiraderos a cielo abierto, donde muchos de estos operan sin ningún control ambiental, ni monitoreo y están ubicados en zonas ecológicamente sensibles o cerca de cuerpos de agua, por lo cual podrían ser fuentes de contaminación.
Muchos de esos rellenos no cuentan con sitios de disposición final que cumplan con los requisitos técnicos como impermeabilización, cobertura diaria, tratamiento de lixiviados o control de gases.
Uno de estos es el de Tuxtla Gutiérrez, bajo la administración de la empresa Veolia, el más grande del estado, que en 2024 fue clausurado parcialmente por la Procuraduría Federal de Protección ambiental (Profepa) debido a diversas irregularidades, como el manejo deficiente de lixiviados y la contaminación en las zonas bajas de cuencas hidrológicas.
Veolia, antes Proactiva Medio Ambiente, cumple veinte años este 2026 de estar prestando sus servicios a la comuna tuxtleca en cuanto a la recolección de los residuos sólidos, y este mismo año se acaba su contrato. Nada más por lo dicho en el párrafo anterior vale la pena hacer un breve pero minucioso repaso de esas dos décadas y recordar que ha sido un periodo marcado por la corrupción, las complicidades y los abusos de poder.
Esta es la historia, en la que no sólo hablamos de daños al medioambiente sino también de afectaciones a la salud pública y hasta de docenas de pérdidas de vidas humanas, incluido niños.
HISTORIA
Proactiva Medio Ambiente, S.A. de C.V., hoy Veolia, llegó a Tuxtla Gutiérrez en 2006. Se conoce que fue contratada por el exgobernador Juan Sabines Guerrero y el exalcalde Jaime Valls Esponda, y que el convenio de prestación de servicios fue por poco más de 116 millones de dólares, con una duración de hasta 20 años a partir de 2006.
A través de dicho contrato la empresa se comprometía a brindar un servicio impecable, con asistencia tecnológica, eficiente, oportuno y cuidando los recursos naturales de la región, y eso comprendía la recolección de los residuos sólidos municipales, el barrido de calles, la construcción de una planta de transferencia, de una planta de reciclaje y de un nuevo relleno sanitario, además del cierre del viejo vertedero.
Los exgobernantes antes señalados también le concedieron el relleno sanitario de 40 hectáreas que colinda con el predio San Martín Mujular, en el ejido Emiliano Zapata.
Durante todo este tiempo Veolia ha disfrutado de una complicidad sistémica. Sabines Guerrero le concedió muchos privilegios, entre ellos la exclusividad en el servicio y un contrato multimillonario. Incluso pactó una indemnización de 900 millones de pesos a favor de la empresa en el caso que el Ayuntamiento capitalino decidiera ponerle fin al contrato.
Pero pese a lo pactado, Veolia fue denunciada desde el primer año de servicio por no cumplir las normas técnicas de operación, ocasionar problemas en el ecosistema y faltar a los compromisos contractuales. No obstante, Jaime Valls, entonces alcalde de la capital, fue omiso a los reclamos de la población y dejó las cosas como estaban. En lugar de velar por los intereses de los tuxtlecos, prefirió proteger a la transnacional.
En 2010, bajo la presión de los ejidatarios y del propietario del predio San Martín Mujular, Héctor Montesinos Cano, el Congreso del Estado ordenó investigar las causas de los cambios en la coloración del manantial ubicado en la zona, que había pasado de aguas cristalinas al rojo oscuro.
Los resultados revelaron que había residuos de arsénico, aluminio, antimonio, cromo, plomo, zinc y otros metales pesados producto del flujo de lixiviados al afluente. Y se advirtió que el agua no era apta para el consumo humano y que ponía en riesgo todo tipo de vida en el lugar.
Para ese momento Yassir Vázquez era el presidente municipal y no hizo nada. Al contrario, apapachó a Veolia e hizo del tema de la basura un jugoso negocio con el que presuntamente logró una buena fortuna.
Ese contubernio le dio mucho poder a Veolia. Tanto que hasta se atrevió a confrontar al exalcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien traía como bandera de campaña correrla de Tuxtla Gutiérrez y hacerla pagar por los daños que había provocado.
Por otra parte, las inspecciones realizadas al relleno sanitario a cargo de Veolia revelaron que por todo el camino había montones de basura acumulándose dado que no permitía que camiones particulares entraran a depositar los desechos. También se encontraron desagües de lixiviados fluyendo hacia el predio aleñado y contaminación en los mantos acuíferos del lugar. Esto último se debe a que utilizó explosivos, según cuentan los vecinos del lugar, y además violentó las normas establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente.
Así, Veolia violaba al menos tres cláusulas del contrato: daños a terceros, no tener los servicios necesarios para el correcto manejo de los residuos y contaminación al medioambiente. Lo irónico es que el consorcio poseía un certificado Libre de Contaminación, aun cuando las autoridades sabían del incumplimiento de las normas.
COMPLICIDAD CRIMINAL
Por casi veinte años, Héctor Montesinos ha sostenido un litigio con Veolia y en todo ese tiempo ha sufrido hostilidades, amenazas y denuncias penales. Por ejemplo, la empresa lo demandó por supuesto daño moral y le requirió como indemnización un pago de 600 millones de pesos. Afortunadamente, el también activista ganó el fallo.
En 2017, fue amenazado de muerte. Una de sus hijas, entonces de 17 años, recibió una llamada telefónica en la que un hombre le dijo que la asesinaría y dejaría su cuerpo en San Martín Mujular. Sobre otra de sus hijas él mismo recibió el recado: “esa niña no va a alcanzar ni para alimentar a los zopilotes”. Por eso Héctor huyó del estado con toda su familia. Pues temía lo peor.
En octubre de 2018, Veolia encontró un nuevo cómplice: el exalcalde Carlos Morales Vázquez, quien siendo titular de la Secretaría de Medio Ambiente en la administración de Manuel Velasco Coello la protegió a pesar de las fuertes protestas. Hasta se dijo que negoció con sus directivos el financiamiento de su campaña política de ese año a cambio de protección.
Como presidente municipal, Morales Vázquez no sólo firmó un nuevo convenio con la transnacional, sino también reconoció una deuda que se consideraba improcedente y llegó a pagar 16 millones de pesos en un solo mes, cuando su antecesor cubría un pago mensual de 7.5 millones. Ni hablar de la compra por adjudicación directa de más de 3 mil 800 contenedores para basura, de la cual se comenta que se embolsó alrededor de 15 millones de pesos.
Lo más lamentable es la muerte de 21 personas del ejido Emiliano Zapata, todas por cáncer, incluidos 9 niños. Muertes que podrían estar relacionadas con la contaminación ambiental provocada por el relleno sanitario de Veolia.
La historia de Veolia no puede quedar sólo para la anécdota, sino ser juzgada por todo su peso legal, político, social y económico, puesto que a la par de los servicios deficientes es presuntamente responsable de muchas vidas humanas, vidas que claman por justicia.
yomariocaballero@gmail.com
