Editorial
La historia no tiene fin en esto de los espectáculos que provocan muchos hombres
ligados al poder. En la semana que acaba de terminar, dos ejemplos de políticos
que han sido exhibidos por no pagar la pensión alimenticia y peor aún, no
reconocer a sus vástagos, han sido noticia importante en los medios de
comunicación y en las redes sociales.
El tema es de relevancia porque los protagonistas son militantes del partido
Morena, uno de Chiapas, que se desempeña como alcalde y otro diputado federal,
en la Ciudad de México. Argumentar que no tienen capacidad económica por falta
de ingreso es a simple vista una mentira, ahora que si no se están comprometidos
eso es otro cantar.
Sin embargo, en las cuestiones personales nadie tiene porqué meterse, lo que no
se vale es que se abuse de los derechos que la pareja tiene y, sobre todo, los
descendientes de cualquier relación tienen también sus derechos morales y que
por ley le da la Constitución.
En la práctica, cuando existen conflictos personales o emocionales con la madre
de los hijos pueden llevar a algunos hombres a no pagar las pensiones
alimenticias, pero eso se cuece aparte, por lo que, ante la legalidad, hay que
cumplir.
Ahora bien, los hechos se vuelven públicos cuando las denuncias envuelven a
personajes públicos a los que se les cuestiona el tema que se les acusa. Los
tribunales deberían obligar a las partes a desarrollar sus casos en secrecía, pero
es justo ahí donde la víctima se vuelve más vulnerable ante las maniobras o tráfico
de influencias de quienes tiene el poder y el dinero, que a sus hijos niegan.
A Diario Media Group, por ejemplo, llegó el grito de auxilio de una madre
desamparada que pidió se difundiera su caso como una forma de presión para las
autoridades judiciales que no aceleran el trámite de la pensión alimentaria.
El caso involucra al alcalde de Socoltenango, donde Belinda Yanneth, se quiere
proteger ante lo que dijo han sido amenazas de Juan Carlos Morales, que niega la
paternidad de una hija procreada entre ambos y donde el edil no ha dado un solo
peso para la leche, los pañales y los servicios médicos que ha requerido la
pequeña de un año.
El caso más grave es cuando el presidente municipal le exigió, estando encinta,
que abortara. La señora dice tener las pruebas que involucran sus dichos y que
también están en poder de la autoridad. Si esto es así, entonces la pregunta es
muy sencilla, porqué la autoridad no interviene. Lamentablemente este tipo de
casos abundan en el país y el mundo entero.
Claro, no será el primero ni el último, pero es acá donde justamente los
representantes del pueblo, los diputados locales y federales deben agilizar las
modificaciones a la ley para que este tipo de hechos que vulneran la integridad y
la seguridad emocional de la mujer y de los hijos, termine de una vez por todas.
Hay que cortar por lo sano para que la impunidad termine, se combata.
El caso del legislador federal, Ernesto Prieto Gallardo, también ha ocupado las
primeras planas de los medios nacionales. Él dice que ha cumplido, pero la madre
de su hija de tres años, asegura que es falso, pues sólo deposita lo mínimo desde
hace seis meses, sin tomar en cuenta que la pequeña padece la enfermedad de
Hirschsprung, un trastorno que afecta el colon y causa problemas para la
evacuación intestinal, por lo tanto, no le alcanza el recurso.
Quizás este asunto se deba a la falta de un acuerdo o sentencia judicial que
establezca la obligación de pago de pensiones alimenticias acorde a la realidad de
los hechos que se viven. Además, es acusado de presunto abuso sexual.
El entramado público llama la atención porque si el legislador dice que está en un
litigio para el reconocimiento de la paternidad, pues sí que está raro porque eso no
requiere tanta burocracia, nomás con que se levante temprano y acuda al registro
civil y asunto arreglado.
Tampoco se vale que haga “chanchullo” presentando copias de sueldo muy
diferente a su encomienda actual. Si en algo les reconforta a ambos integrantes de
Morena, sólo recuerden casos muy sonados como el de Luis Miguel, demandado
por su ex pareja, Aracely Arámbula, por no pagar la manutención de sus hijos. En
el mismo caso estuvieron los actores Eduardo Verástegui; Adal Ramones o el
internacional Mel Gibson, demandado por su ex pareja, Oksana Grigorieva.
Dicen en el pueblo “para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo” y esto les
viene como anillo al dedo a este par de personajes públicos, pues si así tratan a
su sangre, a sus descendientes, que podría pensarse hagan, uno como alcalde y
otro como diputado, con sus gobernados.
