Lo ocurrido en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, es un reflejo brutal de la
barbarie que impera en México. El colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco”
halló crematorios clandestinos y evidencia de que el lugar funcionó como un
campo de exterminio y entrenamiento criminal. La masacre de Teuchitlán es el
testimonio de la impunidad que ha permitido que los cárteles se conviertan en
monstruos desalmados, en bestias sanguinarias que han traspasado todas las
fronteras de lo humano.
No, no son terroristas. Son organizaciones criminales plagadas de demonios sin
entrañas. Matan por placer, destazan a sus víctimas vivas y hasta se comen sus
corazones. Y en este infierno de violencia y descomposición, el Cártel Jalisco
Nueva Generación es una de las más cruentas expresiones de esa brutalidad.
Y si algo faltaba para completar las escenas sacadas de un cuento de terror, está
el actuar de las autoridades. No sólo han sido cómplices, sino cobardes. La
evidencia apunta a que tanto el gobierno de Jalisco, encabezado entonces por
Enrique Alfaro, como el gobierno federal, bajo la administración de Andrés Manuel
López Obrador, tenían pleno conocimiento de lo que ocurría en esa finca y
decidieron callar. Prefirieron evitar un escándalo mediático que afectara sus
imágenes públicas antes que enfrentar las atrocidades de los grupos criminales.
Desde agosto de 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional alertó a ambos
gobiernos sobre lo que estaba pasando en Teuchitlán. Elementos de la Guardia
Nacional reportaron a la Defensa, la localización del rancho, que se presumía, era
un centro de adiestramiento, también una presunta fosa clandestina con restos
humanos y prendas pertenecientes a las víctimas. La información fue entregada a
inteligencia militar de la Sedena. En esa ocasión se detuvo a diez presuntos
plagiarios y se rescataron a dos personas secuestradas. Sin embargo, la orden del
comandante supremo fue: no hacer nada. Semanas después del operativo, las
redes sociales comenzaron a denunciar que el sitio era mucho peor de lo que
había encontrado la GN: restos humanos, hornos y rastros inequívocos de un
centro de exterminio.
Ahí, en ese rancho, los criminales presuntamente al CJNG se deshacían de sus
víctimas, de hombres y mujeres secuestrados, de reclutas y migrantes que se
negaban a un entrenamiento criminal.
Ante el horror, la Fiscalía General de la República guardó silencio por varios años.
Hoy, Alejandro Gertz Manero aceptó que lo del rancho Izaguirre es “un tema
francamente conocido” y ha prometido atraer el expediente, pero no porque
reconozca que es parte de su obligación, sino por orden de la presidenta Claudia
Sheinbaum.
La duda que surge es si se va a simular la investigación para parar un escándalo
que ya trascendió nuestras fronteras o se va a seguir protegiendo a quienes
permitieron que este infierno floreciera en México. La realidad es que las víctimas
y sus familias seguirán esperando justicia, mientras la impunidad sigue
devorándolo todo.
Las imágenes satelitales de Google Earth confirmaron que este crematorio
clandestino operaba desde al menos 2012 o 2013, por lo que habría más
gobiernos y funcionarios implicados.
Lo peor es que este no es un caso aislado. En agosto de 2010, fueron
encontrados los cuerpos de 72 migrantes en un rancho de San Fernando, en
Tamaulipas, un año después, la Marina descubrió otros 193 cuerpos. En 2014, en
La Barca, Jalisco, se hallaron en varias fosas 75 cuerpos. Mientras que en
Yautepec, Morelos, apenas se halló un centro de tortura y cuerpos calcinados, un
estado en donde el número de desaparecidos supera los dos mil, y qué decir de
Sinaloa, Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Edomex, Sonora y otros
estados.
Ya están tomando acciones los secretarios de la Defensa, Gral. Ricardo Trevilla,
de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales, de SPC, Omar García Harfuch y
el Comandante de la GN, Hernán Cortés Hernández, seguramente tendremos
información pronto.
De Imaginaria. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la coordinación entre
el Ejército, Marina y GN, que evitó el ingreso a EU de más de una tonelada de
fentanilo y un millón 640 mil pastillas de la misma sustancia. Pese al esfuerzo,
Trump impuso aranceles a productos mexicanos que no están dentro del T-MEC.
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, presentó su informe sobre los
primeros 100 días de su administración, un periodo que ha denominado “100 días
de paz”. En su mensaje, destacó su firme compromiso con la seguridad del
estado, señalando que la lucha contra el crimen organizado seguirá siendo una
prioridad absoluta.
Ramírez subrayó que su gabinete de seguridad trabaja sin descanso para
enfrentar el grave problema de la violencia en la región y aseguró que no bajará la
guardia en la protección de los chiapanecos. Su administración, dijo, continuará
reforzando estrategias para devolver la tranquilidad a la ciudadanía y garantizar el
bienestar del estado.
