La impunidad recalcitrante del Cártel Inmobiliario
A los abusos de los integrantes del Cártel Inmobiliario hay que agregar que su dinero, producto de las estafas cometidas contra decenas de mujeres y hombres —principalmente de la tercera edad—, ahora lo utilizan para comprar privilegios durante su estancia en El Canelo, una cárcel preventiva donde los delincuentes enfrentan su proceso legal.
El proceder de Erick Romero Peimbert y Gustavo Adolfo Flores Calvo no tiene una pizca de humildad, mucho menos de arrepentimiento, pues, a pesar de estar detenidos, gozan de los privilegios que les otorga el sistema político-penitenciario. Esto ocurre gracias a que Francisco Javier San Martín Flores, director del CERSS 01, conocido como El Canelo, les tiende la mano para que gocen de cabal salud y de los placeres de la vida, al permanecer en una zona VIP con aire acondicionado, comida y bebidas a su gusto.
Urge una investigación a fondo para que estos dos sujetos de poca monta respondan por los delitos de fraude cometidos contra más de 30 personas, al menos aquellas que se sabe interpusieron demandas. De ellas, seis —por las que actualmente se encuentran detenidos— ya fueron dictaminadas y dieron lugar a la vinculación a proceso de este par de ratas.
Esto significa que deberían estar recluidos en El Amate y, antes de ello, resarcir los daños causados a las familias defraudadas. Tan lamentable es la situación y tan deshonesto su comportamiento que cargan en su conciencia la muerte de por lo menos una docena de personas que fueron timadas y que no resistieron haber sido despojadas, de golpe y porrazo, de sus patrimonios —casas y terrenos— construidos a lo largo de toda su vida.
Si este gobierno privilegia un perfil de cero corrupción, lo primero que debe hacer es cesar al director del penal El Canelo, pues Francisco Javier San Martín Flores no representa, con su actitud, a un funcionario penitenciario honesto y traiciona la confianza que le otorgó la autoridad superior de la cual depende.
Las muestras de desesperación de los afectados llegaron hasta Palacio de Gobierno y, en un horario inusual, la noche del jueves se presentaron para pedir la intervención de Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas.
El abuso y el tráfico de influencias no son de ahora. Desde las tres últimas administraciones estatales, la justicia se hizo ojo de hormiga y prefirió desentenderse. Por ello, ahora que el gobierno de Ramírez Aguilar llegó, se instruyó la localización de estos secuaces.
La buena obra no puede quedar incompleta; por ello, el gobernador debe instruir a quien corresponda para que se agilicen las investigaciones de los expedientes de cada familia timada por estos delincuentes de cuello blanco y, además, sancionar la forma de operar del director de El Canelo, quien otorga complacencias indebidas.
Las familias que han sacrificado su vida para sacar adelante a sus hijos y nietos confían no solo en recuperar sus inmuebles, sino también en que la justicia alcance a Erick Romero Peimbert y Gustavo Adolfo Flores Calvo, aunque esté tardando tanto tiempo en llegar.
Siempre será gratificante valorar el humanismo que este gobierno pregona y apoyar la corrección de lo que está podrido al interior de los penales, aun cuando se trate de centros donde se llevan a cabo procesos judiciales. Esa será la mejor noticia que se le puede dar a las víctimas.
Las trampas que este par de sujetos ha interpuesto para permanecer en El Canelo y no ser trasladados a El Amate —como argumentar delicados problemas de salud— también deben investigarse. Ello corresponde a los médicos que se han prestado a expedir constancias, a pesar de que, según las víctimas durante la protesta del jueves, los detenidos gozan de muy buena salud.
En referencia a este caso, cabe preguntar: ¿dónde está la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que encabeza Horacio Culebro Borrayas?, ¿qué ha hecho para alzar la voz y defender a las víctimas? Las denuncias interpuestas también lo involucran, pero no ha hecho nada; vive en el limbo. Este sujeto resulta peor que su antecesor, Juan José Zepeda Bermúdez, a quien se le criticó por ser aliado del gobierno y por su inoperancia. El actual, que se ufanó de ser crítico del poder y defensor de las causas sociales, simplemente no aparece.
Ojalá que la justicia llegue pronto para que la gente defraudada deje de tener pesadillas y pueda dormir en paz. Sí, ojalá porque la impunidad recalcitrante ya es una ofensa para el pueblo.
