Se niega a liquidar a los trabajadores, tras su salida en la recolección de basura a partir de junio; urge destrabar el tufo de corrupción que heredó Carlos Morales Vázquez
Cinthia Ruiz/Diario de Chiapas
El paro total de trabajadores de la empresa recolectora de basura Veolia, registrado esta semana en Tuxtla Gutiérrez, no es un hecho aislado ni fortuito, es una realidad; la consecuencia de una relación histórica marcada por concesiones controvertidas, acuerdos poco claros y decisiones políticas que, desde hace años, han beneficiado a la empresa mientras han dejado en segundo plano tanto a los trabajadores como al interés público.
La manifestación de más de un centenar de empleados en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la colonia Nueva Jerusalén, pone en evidencia un problema estructural que se arrastra desde que la empresa operaba bajo el nombre de Proactiva, posteriormente Veolia, y ahora en un proceso de transición hacia una nueva razón social: “Ve Ambiental”.
El conflicto laboral actual: trabajadores sin certeza
Los trabajadores denuncian que su contrato laboral con Veolia concluye el próximo 14 de junio, y que, sin un proceso claro de liquidación, se les pretende trasladar a una empresa “hermana”, lo que podría significar la pérdida de su antigüedad y de los derechos adquiridos tras años de servicio.
La exigencia es concreta: liquidación conforme a la ley por el tiempo laborado en Veolia, antes de cualquier recontratación. El temor es quedar en una especie de limbo laboral, un escenario que, de acuerdo con los propios trabajadores, ya se ha visto en otros procesos de salida empresarial donde las compañías evitan asumir responsabilidades indemnizatorias.
“No nos vamos a mover hasta que haya un diálogo real”, advirtieron durante la protesta, que derivó en un paro total de actividades y encendió las alertas por una posible afectación en la recolección de residuos en la capital chiapaneca.
Una salida anunciada… y un problema heredado
Desde principios del año pasado, Veolia ya había anunciado públicamente la ruptura del convenio y su intención de retirarse. Sin embargo, el proceso de salida se ha caracterizado por la falta de claridad, especialmente en lo que respecta a la situación de sus trabajadores.
Lejos de tratarse de una transición ordenada, el retiro de la empresa ha evidenciado un patrón recurrente: cuando una concesión termina, los trabajadores quedan desprotegidos, mientras las decisiones administrativas se dilatan entre negociaciones privadas y silencios institucionales.
Antecedentes: de Proactiva a Veolia
El caso Veolia no puede entenderse sin revisar su historial en Tuxtla Gutiérrez. La empresa obtuvo una concesión de largo plazo durante administraciones anteriores, misma que fue ampliamente cuestionada por la forma en que se otorgó y por las condiciones favorables para la compañía.
En 2021, durante el gobierno municipal de Carlos Morales Vázquez, se documentaron decisiones que generaron fuertes críticas públicas: pagos mensuales millonarios, contratos adicionales sin licitación y obras de infraestructura financiadas con recursos municipales que, según el propio contrato de concesión, debían ser cubiertas por la empresa.
Entre ellas, la autorización para construir una laguna de sustancias líquidas que circulan entre los residuos dentro de un complejo propiedad de Veolia, con cargo al contribuyente, pese a que el contrato establecía que la inversión en infraestructura corría por cuenta de la concesionaria.
Durante los seis años en que Carlos Morales Vázquez encabezó el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, la relación con Proactiva–Veolia fue señalada en repetidas ocasiones como excesivamente complaciente. En ese periodo, la empresa recibió contratos adicionales por decenas de millones de pesos, incluyendo la adquisición de contenedores, en procesos cuestionados por la falta de licitación pública.
En su momento, el argumento oficial fue la existencia de una deuda histórica con la empresa, que supuestamente obligaba al Ayuntamiento a negociar para evitar la suspensión del servicio. No obstante, el propio gobierno municipal informó posteriormente que dicho adeudo había sido liquidado, lo que dejó sin sustento la justificación de esas concesiones extraordinarias.
A pesar de ello, los beneficios hacia la empresa continuaron, alimentando la percepción de que el municipio se encontraba sometido a los intereses de la concesionaria.
Hoy, el contraste es evidente. Durante años Veolia fue beneficiada con recursos públicos y acuerdos favorables, en su proceso de salida los trabajadores enfrentan la incertidumbre, sin garantías claras sobre su liquidación ni sobre el respeto a su trayectoria laboral.
El conflicto actual revela una constante: los acuerdos se negociaron arriba, pero las consecuencias se pagan abajo. Los trabajadores, que sostuvieron el servicio durante años, ahora enfrentan el riesgo de quedar a la deriva.
¿Qué sigue?
El paro de labores coloca al Ayuntamiento actual, encabezado por Ángel Torres, ante una disyuntiva: mantenerse al margen de un conflicto laboral entre empresa y trabajadores, o asumir una postura más activa para garantizar que la transición no vulnere derechos ni afecte a la ciudadanía.
Lo que ocurra en los próximos días será clave no solo para destrabar el conflicto, sino para definir si Tuxtla Gutiérrez rompe, por fin, con un modelo de concesión que durante años ha generado más problemas que soluciones.
