Envolver el fuero constitucional en papel celofán
¿Será que la propuesta del diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, de eliminar el fuero es una iniciativa seria y consensuada, o sólo una estrategia para posicionarse mediáticamente y desviar la atención de los problemas torales que padece el país? Hoy, además, el debate se cruza con la imposición de una nueva reforma electoral que podría decir adiós a los partidos pequeños y eliminar toda posibilidad a quienes hacen sombra al instituto en el poder.
No es la primera vez que, en tiempos de crisis, el legislador sale a la palestra para tocar el mismo tema. Tema que, por cierto, sus propios compañeros han bateado, por la sencilla razón de que, mientras no se analice el verdadero fondo de la intención, ninguno de los que hoy forman parte del Congreso de la Unión estaría dispuesto a quedar en desventaja ante la ley frente a cualquier inconveniente legal que enfrenten.
Si no, que le pregunten al diputado que sesiona mientras juega pádel, el futbolista Cuauhtémoc Blanco. Y no precisamente porque su trabajo legislativo se tome como un pasatiempo o porque no se le dé la importancia que debería tener su relevante función como representante popular, sino porque en su trayectoria “política” pesan diversas denuncias por corrupción, presuntas componendas con el crimen organizado e incluso señalamientos por acoso sexual.
El legislador Ramírez Cuéllar busca que la reforma electoral que se cocina desde el sistema político mexicano incluya la eliminación del fuero constitucional, el cual —como bien se dice— se ha convertido en una fuente de impunidad. Lo que omitió señalar es que dicho fuero se respeta para quienes están bajo el amparo de Morena y sus aliados, y se aplica selectivamente contra quienes piensan y actúan de manera distinta a los órganos institucionales.
¿Qué sentido tiene eliminarlo para juzgar conforme a derecho a quien cometa una irregularidad, si en la práctica no existe un solo ejemplo claro de castigo? El caso más horrendo es la reciente designación de Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, bajo cuyo mandato murieron quemadas 40 personas en una estación migratoria de Ciudad Juárez, tragedia originada por malas prácticas institucionales.
Los familiares de las víctimas, hoy de regreso en sus lugares de origen —principalmente en Guatemala—, deben sentirse horrorizados por la designación oficial de este personaje en un cargo intermedio de la Secretaría de Educación Pública, donde el titular, Mario Delgado, lo recibió con calidez, como si se tratara de lo mejor que le ha ocurrido a la institución.
Bajo estas circunstancias, si a Ramírez Cuéllar le urge la supresión del fuero y su bancada lo respalda, significa que el contenido real de la reforma electoral responde a un dogma ya muy comentado en los corrillos políticos: la concentración total del poder en Morena. Así, el tema del fuero pasa a segundo término, pues con el control político absoluto, cualquier intento de denunciar tropelías de funcionarios o legisladores será como dar “una patada al aire”.
El diputado, por tanto, no dice nada nuevo. La cantaleta de la corrupción está hoy en el día a día en todos los niveles. Basta revisar el caso del Tren Interoceánico, donde un descarrilamiento dejó 14 personas fallecidas y no existe posibilidad alguna de que el supervisor de la obra sea llamado a rendir cuentas. Aquí, con o sin fuero, con o sin cargo, no pasará nada; las cosas seguirán igual.
Ramírez Cuéllar afirma que la criminalidad y la inseguridad atentan contra la calidad de las instituciones y “debilitan de forma significativa la democracia y la convivencia en el país”, de ahí —dice— la importancia de eliminar el fuero.
A menos que se refiera a las denuncias públicas realizadas por actores políticos adversos a la Cuarta Transformación, quienes han señalado presuntos vínculos de gobernadores con la delincuencia organizada —como los casos de Tamaulipas y Sinaloa, por mencionar los más sonados—, no se entiende la prisa, pues en ese escenario estarían dándose un tiro en el zapato.
Quizá sería más honesto admitir que lo que se busca es dar “cuello” a aquellas instituciones que aún representan un dolor de cabeza para el gobierno, porque sacan a la luz sus trapitos al sol. Un claro ejemplo es la Auditoría Superior de la Federación, cuyas investigaciones, basadas en datos oficiales, simplemente no le gustan a la autoridad en turno.
Si de lo que se trata es hablar claro, que se hagan las cosas como realmente se han planeado: que se digan, se proceda y asunto terminado. ¿Para qué darle tantas vueltas al problema? Todo esto es como envolver el fuero constitucional en papel celofán, para protegerlo y evitar que se dañe. ¡Lo que son las cosas!, no, como diría la cantante Yuridia.
