Si no hay orden, se vivirán ajustes de cuentas por impotencia
La excesiva violencia que un grupo de transportistas manifestó al agredir a una persona —también ruletero— que cubre la vía federal San Cristóbal–Zinacantán–San Juan Chamula, exhibió la frustración que el gremio organizado mantiene contra las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte, institución que ha sido incapaz de resolver el problema de la invasión de rutas y, sobre todo, el otorgamiento de “permisos” al vapor para ir apagando los problemas del día, sin importar que con ello se esté generando una bola de nieve que no tardará en explotarles en las manos.
A través de las redes sociales de Diario Media Group se dio cuenta de cómo una docena de personas bajan a golpes de una unidad de transporte público sin rótulo oficial, al conductor y lo agreden con saña hasta dejarlo medio “muerto”.
El video se corta y no se observa el final del episodio; sin embargo, resulta elocuente que la agresión física desmedida obedece a que dicho personaje utiliza una unidad pirata, aunque con documentación que, presuntamente, lo ampara desde la propia Secretaría de Movilidad.
El hecho, en sí mismo, ya representa una agravante para quienes pagan impuestos y cumplen con la normatividad que exige el reglamento de transporte; pero también es cierto que los “piratas” se pasan por el arco del triunfo estos requisitos que deben cumplirse por ley.
No se está diciendo que sea correcta la salvaje golpiza que le propinaron al indefenso chofer —quien ni siquiera pudo meter las manos para defenderse—, pero esta acción resulta, hasta cierto punto, comprensible para quienes “desquitan” así su frustración.
Esto es preocupante, porque no se sabe cómo reaccionarán las víctimas ni cuáles serán las consecuencias futuras, además del riesgo latente de que la inconformidad se dirija directamente hacia la Secretaría de Movilidad, cuyos funcionarios intermedios —suponemos que con la anuencia del titular o la titular— autorizan la operación de unidades que no cumplen con la normatividad y que, incluso, carecen de seguro de vida para los pasajeros.
Se entiende que estas malas componendas vienen de años atrás, lo cual se refleja en la proliferación de decenas de organizaciones de transporte que detectaron en este sector un lucrativo negocio. En ese contexto, las alianzas mafiosas han impedido que las “buenas intenciones” de cada gobierno pasen de simples promesas.
Este círculo que mueve a millones de personas en Chiapas, en todas sus modalidades, se ha convertido en un grave cáncer que mantiene en terapia intensiva a una institución que no avanza, precisamente porque el monstruo que se creó es evidente que no puede —o no quiere— combatirse.
A ello se suma que existen exfuncionarios que utilizaron a la Secretaría de Movilidad y Transporte como botín político para escalar posiciones. Si no, que se lo pregunten a Carlos Morales Vázquez, ex alcalde de Tuxtla Gutiérrez, quien hizo mancuerna con su amigo del alma, Aquiles Espinosa García, este último responsable de darle el golpe final que llevó al despeñadero la verdadera función de una Secretaría que debería velar por el bienestar social y no por el lucro personal.
Los procesos electorales de 2024 fueron el ejemplo perfecto de cómo una dependencia fue utilizada como caja chica para extraer recursos que sirvieron para que Morales Vázquez hiciera campaña y ayudara a sus correligionarios a posicionarse en el Legislativo.
Nada de esto habría sido posible si Aquiles Espinosa no hubiera allanado el camino cuando se desempeñó al frente de la Secretaría, dejando a su incondicional para exprimir hasta el último centavo, producto de los “moches” exigidos a las agrupaciones que controlan los núcleos de transportistas que circulan a lo largo y ancho del territorio chiapaneco.
Al exponer estos detalles no se desvía el tema central de la violencia generada por los ruleteros; por el contrario, se engloba dentro de un contexto de corrupción imperante en las altas esferas de una institución que ha sido incapaz de poner orden. Los propios trabajadores del volante afirman que no lo habrá, por la sencilla razón de que resulta muy difícil controlar y contrarrestar un crecimiento permitido bajo el amparo del cochupo y el moche.
Todos los sectores lo padecen. Basta consultar a la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos que opera en Chiapas, la cual apenas hace un par de días denunció que la práctica del peritaje tiene al borde de la quiebra al sector organizado, todo porque la autoridad no combate el pirataje ni podrá hacerlo, al menos en el corto y mediano plazo. Prevalecerá la impotencia ante la falta de acciones claras y justas.
