EDITORIAL

Investigarán a edil de Cintalapa por muerte del periodista Víctor Morales

Tarde, pero seguro. La Fiscalía General del Estado de Chiapas tardó demasiado en detener al alcalde de Cintalapa, a quien desde hace tiempo se le ha relacionado en su propio municipio con presuntos vínculos con grupos de la delincuencia organizada que operan en la zona noroeste de la entidad.

A Ernesto Cruz Díaz se le presenta ahora una complicada misión: desmentir las múltiples denuncias que se han ventilado en su contra, mismas que lo señalan por estar más cerca de prácticas ilegales y violentas que de impulsar el desarrollo de su municipio.

Este era su segundo año al frente de la alcaldía y su segundo periodo como presidente municipal, cuyo triunfo en la reelección, en su momento, fue atribuido al miedo que habría provocado entre los ciudadanos. Son ellos mismos quienes aseguran que el edil ya transitaba por caminos oscuros desde mucho tiempo atrás.

Cruz Díaz es considerado por muchos como una herencia maldita del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, a quien, un año después de dejar el cargo, también se le cuestiona haber permitido el crecimiento de la presencia de grupos delictivos en Chiapas.

La detención del presidente municipal deja mal parado al estado; sin embargo, al mismo tiempo, evidencia el trabajo que vienen desarrollando las fuerzas de seguridad. La estrategia aplicada en el operativo realizado a inicios de año en Villaflores, Cintalapa y Jiquipilas —tras los actos vandálicos y los levantones perpetrados en el primero de estos municipios, donde siete personas perdieron la vida— derivó en la detención de más de un centenar de policías municipales. De ellos, once quedaron recluidos en el penal de El Amate, acusados de colusión con grupos criminales.

La detención de estos elementos policiacos fue clave para la captura del alcalde, quien ahora deberá enfrentar la justicia y responder por los delitos que se le imputan. La Fiscalía General del Estado lo señala como presunto responsable de corrupción, malversación de recursos públicos y abuso de autoridad, además de integrar una carpeta de investigación adicional por su posible vinculación con organizaciones criminales.

A este historial se suma ahora la exigencia de los familiares del periodista Víctor Alfonso Culebro Morales, asesinado en junio de 2024 en esa región, quienes pedirán formalmente que se investigue al alcalde, al existir indicios de una posible participación en el crimen.

Conjeturas o no, lo cierto es que Víctor Alfonso Culebro Morales, encontrado sin vida en un tramo carretero de la autopista Ocozocoautla de Espinosa–Arriaga, con múltiples impactos de bala y huellas de tortura, era un crítico constante de la administración municipal de Ernesto Cruz Díaz.

El joven periodista se desempeñaba como editor del medio Realidades, y su asesinato revive ahora la supuesta afrenta que, se dice, el alcalde no perdonó. Las publicaciones le calaron tanto que en repetidas ocasiones expresó públicamente su molestia.

De hecho, los medios de comunicación de la zona de Cintalapa y Jiquipilas han mantenido históricamente una postura de “respeto y precaución” en sus publicaciones, ante el temor de posibles represalias.

La Fiscalía General del Estado no debe desestimar este caso, que en su momento fue atribuido a una venganza del crimen organizado, pero en el que hoy se señala que el alcalde pudo haber tenido participación directa, como la misma autoridad lo sugiere al relacionarlo con actividades propias de la delincuencia.

Que la FGE haya hecho público que la detención de Ernesto Cruz Díaz se derivó de los hechos violentos ocurridos en Villaflores y de las declaraciones de policías municipales, posteriores a dichos actos, pone seriamente en entredicho la presunción de inocencia del representante popular de Cintalapa.

Si, como asegura la Fiscalía, no se permitirán actos que laceren al pueblo chiapaneco, sin distinción alguna y bajo la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad, al alcalde le espera una larga estancia en prisión, bajo la sombra de El Amate

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