Miguel Ángel Godínez García
Tren Interoceánico, entre corrupción y atentado
2025 no fue un año sencillo para la presidenta Claudia Sheinbaum. Comenzó bajo la presión externa de Donald Trump y sus amenazas arancelarias, y cerró con una tragedia. El pasado 28 de diciembre, el Tren Interoceánico se salió de las vías cerca de Nizanda, Oaxaca, al tomar una curva en el tramo que conecta Salina Cruz con Coatzacoalcos. Viajaban unas 250 personas. Trece murieron y al menos 98 resultaron heridas.
La presidenta exigió una indagatoria a fondo, rigurosa y transparente. La Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, abrió de inmediato la investigación. Se entrevistó a tripulación y sobrevivientes. Se analiza la caja negra y se ha prometido llamar a declarar a quien sea necesario. La pregunta es si esa exigencia resistirá cuando la investigación comience a tocar intereses, nombres y decisiones heredadas del sexenio anterior.
El tren interoceánico es una obra emblemática, aunque no de este gobierno. Es una herencia directa de la administración de Andrés Manuel López Obrador y, con ella, se heredaron advertencias técnicas ignoradas, observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y señalamientos de corrupción que nunca fueron atendidos. En la Cuenta Pública 2023, la ASF alertó sobre deficiencias en la corrección de curvaturas y pendientes en el tramo Coatzacoalcos–Salina Cruz, identificado desde el propio proyecto como técnicamente complejo por sus condiciones topográficas. Las alertas fueron minimizadas.
En ese contexto aparece el nombre de Gonzalo López Beltrán. El hijo del expresidente fue nombrado por el mismo López Obrador como supervisor honorífico del proyecto, pese a señalamientos de influyentismo y corrupción, particularmente en la venta de balasto, un componente clave para la estabilidad de las vías. ¿De verdad se investigará su responsabilidad, como la de amigos como Amílcar Olán y operadores del círculo cercano al expresidente, o volverá a imponerse un silencio cómplice?
El caso se vuelve aún más delicado por un evidente conflicto de interés. El almirante Raymundo Pedro Morales, hoy secretario de Marina, fue hasta hace apenas semanas director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Es decir, pasó a encabezar la misma dependencia que construyó, supervisa, opera y ahora evalúa el Tren Interoceánico y la infraestructura logística que él mismo dirigió. Pese a ello, ha prometido rigor en la investigación y credibilidad en el dictamen.
A la par de las indagatorias de la FGR, en el lugar del descarrilamiento, elementos del Ejército mexicano y Marina resguardan la zona; ingenieros militares revisan rieles, durmientes y balasto; utilizan drones para crear modelos tridimensionales del accidente y toman muestras del suelo ante un posible hundimiento de la vía. Incluso se analiza la hipótesis de un atentado, posibilidad que no puede descartarse en un país donde el crimen organizado ya ha intentado descarrilar trenes, como ha ocurrido recientemente en Guanajuato.
No se descarta el sabotaje. El dictamen de las Fuerzas Armadas será determinante, no solo por las víctimas, sino porque el tren interoceánico es un activo estratégico para el gobierno de Claudia Sheinbaum, lo mismo para comercio nacional e internacional.
Sin embargo, si se descarta un atentado, la responsabilidad política permanecerá intacta. Para Claudia Sheinbaum, este caso representa un reto. No puede refugiarse en la herencia ni en el discurso de continuidad. Si la FGR no llega al fondo y no toca a los intocables, el descarrilamiento no será solo ferroviario: será político. La diferencia entre un accidente y un encubrimiento marcará su sexenio.
Por lo que toca la Marina, las funciones de carácter civil deben ser asumidas por instituciones especializadas y conducidas por los civiles, es injusto que se siga exponiendo la Semar al asumir responsabilidades ajenas a su naturaleza. Esta es otra herencia del lopezobradorismo.
La detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos —bajo cargos de narcoterrorismo, tráfico de armas y liderazgo del llamado Cártel de los Soles—es un golpe al narcotráfico internacional y el mensaje parece claro para países que comparten los mismos regímenes socio-económicos. Washington estaría dispuesto a cruzar líneas que durante años evitó, pero Donald Trump abrirá la puerta en otros frentes, como Colombia, tras acusar a Gustavo Petro de vínculos con el narcotráfico. Lo preocupante es que esta acción resuena en México. Las reiteradas acusaciones de Estados Unidos sobre un gobierno “sometido por los cárteles” colocan a la administración de Claudia Sheinbaum bajo una presión internacional creciente. No es solo Venezuela: es una advertencia regional.
De Imaginaria. El Ejército mexicano no descansa en Navidad ni Año Nuevo. En Sinaloa destruyó laboratorios clandestinos de metanfetaminas y fentanilo. En Chiapas decomisó a la delincuencia organizada vehículos similares a los usados por las FA y en Michoacán desactivó minas terrestres.
