Según datos preliminares de 2025, Chiapas ha enfrentado retos significativos en materia de feminicidios y violencia familiar, manteniendo activos los protocolos de la Alerta de Violencia de Género.
Marco Alvarado / Diario de Chiapas
Con el objetivo de consolidar la política de “Cero Tolerancia” impulsada por la administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el Congreso del Estado ratificó un sólido paquete presupuestario para el ejercicio fiscal 2026, enfocado en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad.
Al respecto, la legisladora local Catalina Aguiar destacó que este presupuesto no es sólo una cifra, sino un compromiso real para cambiar el panorama de seguridad de las chiapanecas.
Para el próximo año, la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género contará con un presupuesto cercano a los 190 millones de pesos, mientras que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas recibirá una asignación superior a los 13 millones de pesos.
Este fortalecimiento financiero llega en un momento crítico. Según datos preliminares de 2025, Chiapas ha enfrentado retos significativos en materia de feminicidios y violencia familiar, manteniendo activos los protocolos de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en municipios clave como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y Comitán.
Una de las piezas centrales de la estrategia para 2026 será la operación de 52 Centros Libre, anteriormente conocidos como Centros de Justicia para las Mujeres. Estas unidades operarán con financiamiento mixto para ofrecer asesoría jurídica, psicológica y resguardo inmediato.
“El presupuesto refleja un esfuerzo por mantener la operatividad de los refugios y programas de atención inmediata”, señaló Aguiar. No obstante, reconoció que el gran reto, señalado también por diversas organizaciones civiles, será la ejecución eficiente del recurso, garantizando que el apoyo llegue a los municipios con mayores índices de marginación y violencia.
Para 2026, la estrategia se dividirá en dos frentes principales:se reforzarán los protocolos de “Cero Tolerancia” en todas las dependencias estatales, para que cualquier servidor público sea capaz de identificar señales de violencia y activar rutas de protección de manera inmediata.
Y se fortalecerá el trabajo con colectivos locales de mujeres bajo un modelo de reconstrucción del tejido social. A través de capacitaciones, las mujeres de las propias comunidades podrán identificar “focos rojos” en sus barrios y fomentar la resolución pacífica de conflictos.
