Juan Sabines Guerrero no tuvo un plan de gobierno. De hecho su administración fue una
suma de programas y proyectos absurdos e impracticables, como la construcción de un
aula cada tres horas; voluntaristas otros, como el combate a la corrupción e impunidad;
destructivos algunos, como las reformas discriminatorias, arcaicas y violatorias de los
derechos humanos que realizó a la Constitución chiapaneca; corruptos otros más, como
las Ciudades Rurales Sustentables que costaron una gran millonada y que hoy son
pueblos fantasmas.
A pesar de la enorme derrama económica que la federación le otorgó al gobierno de
Sabines, no hubo justicia social. Todo lo contrario, según el informe de 2012 del Coneval,
el último de su administración, Chiapas ocupó el primer lugar en pobreza y pobreza
extrema, con cerca de 3 millones 800 mil pobres. Al finalizar el sexenio, 350 mil personas
más pasaron a la pobreza.
Por otro lado, en el último año de la administración sabinista se registraron 85
feminicidios, la menor de las víctimas, de tan sólo diez años de edad, fue violada por ocho
hombres y luego asesinada por dos tratantes.
Ese mandato terminó con un sinfín de escuelas en el abandono, hospitales sin
medicamentos ni personal médico, en el último lugar en aprovechamiento escolar y el
primero en analfabetismo, con crisis de producción agrícola, conflictos políticos y
homicidios de líderes sociales que nunca se aclararon, como el de Mariano Abarca
Roblero, acribillado a balazos.
LA LISTA SIGUE
Juan Sabines también persiguió, hostigó y encarceló a sus adversarios. Como el
exgobernador Pablo Salazar, su mayor benefactor, a quien acusó del delito de peculado,
asociación delictuosa, entre otros. Para obtener su libertad, Pablo pactó con él
prometiéndole que no procedería en su contra al finalizar la administración. Lo cual
sucedió.
Sabines dominó los otros poderes del Estado. En el legislativo fueron un secreto a voces
los presuntos sobornos a los diputados para que no tuviera oposición en las iniciativas de
ley y en la aprobación de créditos de deuda pública. En el Judicial impuso a personajes
como Juan Gabriel Coutiño Gómez, quien se dedicó a encubrir los casos de corrupción y
abusos en contra los funcionarios estatales y municipales. Y a ambas instituciones las
utilizó para reprimir a sus opositores y para el pago de facturas políticas.
También ejerció control sobre los partidos mediante la imposición de dirigentes. En el PRI
impuso a Arely Madrid Tovilla (2007) y después a Roberto Albores Gleason (2011). En el
PRD a Alejandro Gamboa López y a Luis Raquel Cal y Mayor.
En el PAN su cómplice fue Carlos Palomeque Archila, quien dicen que cobraba 100 mil
pesos mensuales en Palacio de Gobierno para entregar al partido a los intereses del
sabinato. En el PT se entendía con Amadeo Espinosa Ramos. Y antes de finalizar la
administración creó su propio instituto político: Partido Orgullo Chiapas, hoy Chiapas
Unido, del cual su esposa Isabel Aguilera fue dirigente.
Con todo ese dominio político logró manejar las elecciones de 2007, 2010 y 2012. Impuso
a los alcaldes que le dio la gana, como Yassir Vázquez Hernández, en Tuxtla Gutiérrez,
por mencionar alguno. En el Congreso local repartió los escaños entre amigos y
compadres y eligió a los que estuvieron en la presidencia de la Mesa Directiva y en la
Junta de Coordinación Política, entre ellos, Javín Guzmán Vilchis, Arely Madrid, Juan
Aquino y José Ángel Córdova Toledo (q.e.p.d.).
Obviamente, con todo ese poder político Juan Sabines manipuló a los distintos
organismos autónomos del estado, como el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cámaras empresariales,
sindicatos, universidades y se hizo de una buena clientela de medios de comunicación,
que ocultaban sus excesos, lo defendían, difundían sus supuestas acciones de gobierno e
hicieron un culto a su personalidad.
Los que se atrevieron a desafiar su poder terminaron exiliados, desaparecidos o
encarcelados, como el activista Horacio Culebro Borrayas, actual Ombudsperson de
Chiapas, quien se opuso a la reforma constitucional que pretendía facultar al
exgobernador para designar en 2010 a los presidentes municipales y diputados locales
bajo el pretexto de ahorrar recursos en esa elección (que no se haría) y emparejar la
elección estatal con la federal.
LA CORRUPCIÓN
Cuando Juan Sabines asumió el gobierno, Chiapas presentaba un adeudo de 881
millones de pesos, que según se sabe era deuda municipal, específicamente de Tuxtla
Gutiérrez, que fue originada cuando él fue presidente municipal. Sin embargo, al concluir
el sexenio rebasaba los 40 mil millones de pesos, entre deuda pública y con proveedores.
El Congreso del Estado le solapó todos los préstamos que según eran para inversión en
infraestructura y para el pago de obligaciones con la iniciativa privada. Pero no hubo
obras y tampoco se saldaron las cuentas.
Los seis años de la administración sabinista fueron un festín de rapiña, donde políticos
pobres terminaron millonarios.
Por ejemplo, cuando Juan Sabines vino a Chiapas a mediados de los años noventa no
tenía ni para comer. Hoy, no obstante, se cuenta que tiene departamentos y residencias
en Cancún, Acapulco, Ciudad de México, Tlaxcala, Querétaro y Estados Unidos.
Sus colaboradores más cercanos también se enriquecieron, como Nemesio Ponce
Sánchez, quien de ser un simple camillero en la Ciudad de México pasó a ser dueño de
varios departamentos en una zona exclusiva de Polanco, valuados en conjunto por 12.5
millones de pesos.
Otro es Yassir Vázquez Hernández, hijo putativo de Sabines, quien vivía en una casa de
interés social antes de llegar al poder, pero ahora tiene casas en Cuernavaca, Acapulco y
Puebla, y hoteles en Cancún.
Asimismo, los hermanos de Isabel Aguilera tuvieron esa transformación de pobres a
millonarios. Como José María Aguilera, quien vino de su natal Tlaxcala con una mano por
delante y otra por detrás, pero después no quería ni que lo miraran, se sentía un
aristócrata, un dios entre terrenales.
De hecho fue el último que abandonó Chiapas al final del sabinato. Según por
promocionar su negocio de venta de paneles led y solares. Construyó una residencia en
Berriozábal en cuyo estacionamiento tenía o tiene una colección de camionetas de lujo y
motocicletas. A pesar de la gran fortuna que logró amasar como producto de la corrupción
y complicidades, se resistía a renunciar a la Jefatura del Departamento de Locaciones del
Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, que dejó hace algunos años.
Como cereza del pastel: los 5 mil millones de pesos que Sabines autorizó invertir en la
Bolsa Mexicana de Valores, y por la que Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho, ex
secretario de Hacienda, y la prima de Sabines, Mayda Guerrero, se embolsaron una
comisión de 88 millones de pesos.
He expuesto todo lo anterior para justificar la pregunta que da título a esta columna. Pues
si el exgobernador Silvano Aureoles, de Michoacán, tiene una orden de aprehensión en
su contra por el presunto desfalco de 30 mil millones de pesos, ¿por qué Juan Sabines
no? Si desde hace tiempo se sabe que el daño que causó sobrepasa los 40 mil millones
de pesos y aún con ello sigue ostentando el cargo de cónsul en Orlando, Florida.
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