La situación de violencia que impera en algunas partes del país tiene de capa caída al Gobierno Federal, aunque los propios morenistas se empeñen en tratar de desacreditar los gritos de auxilio de la población, que, a su parecer, obedecen a una campaña orquestada desde la derecha, o lo que es lo mismo, a los adversarios del sistema político vigente.
El asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, ha sido la punta de lanza para visibilizar la realidad de un gobierno que no ha hecho más que culpar al pasado de lo que acontece en materia de seguridad.
Pero no, no es por ahí el camino. Le echan la culpa a Felipe Calderón de que su lucha abierta contra los cárteles en México ha sido la «herencia maldita». Quizás tengan razón en que haya heridas abiertas, pero lo que es una realidad es que están documentados los nexos de algunos políticos con el crimen organizado y su rápido ascenso en el sistema político.
Lamentablemente, a la presidenta Claudia Sheinbaum esto le ha costado más que lo que pasa en cualquier otro sector. No puede combatir este flagelo y lo peor es que no hay los recursos suficientes para hacerlo. Los entramados están tan sólidos que los peces gordos coludidos gozan de cabal salud y, a pesar de que ha lanzado un plan denominado Michoacán, este no podrá erradicar las conjeturas que se tienen alrededor de por lo menos cinco cárteles que operan en aquella entidad.
Es cierto, los grupos contrarios al oficialismo han aprovechado esta “carnicería” para desnudar el fracaso rotundo de la Cuarta Transformación en los últimos siete años, a pesar de las promesas incumplidas. Dichas promesas llevaron al poder a Morena como símbolo de esperanza para combatir la ola de asesinatos que se suscitan por el control entre organizaciones delictivas.
La Cámara de Diputados ha sido el escenario perfecto para que, desde la tribuna y con escenarios trágicos, se visualice el fracaso institucional. Hace apenas una semana fue el líder limonero y ahora el alcalde, quien se había lanzado con todo contra el Gobierno Federal, al que acusó de estar coludido con los cárteles de la droga.
No hay más, la realidad supera lo que en los púlpitos de la política se promete que ya se está combatiendo. La inseguridad prevalece y mata a las voces de hombres que con valentía se atrevieron a desafiar las circunstancias actuales.
Hoy, los reclamos de la ciudadanía, de un pueblo que se siente traicionado, pueden ser el aviso inicial de que este gobierno o cambia y endurece su estrategia o se desploma de sopetón esa confianza que se genera en las encuestas y que, al mismo tiempo, invita a reflexionar sobre si en verdad hay tal empatía con las decisiones institucionales o si es una farsa que desnuda a las encuestadoras.
Las protestas de los ciudadanos en Michoacán deberían ser un mensaje de advertencia para las instituciones. Ya no puede correr más sangre contra hombres que creían que levantando la voz el país enderezaría su camino. Los hombres y mujeres que han marchado saben que no basta con promesas de justicia contra los que cegaron la vida del alcalde de Uruapan.
Hoy, ese discurso ha quedado rebasado y si no se hace algo con mano firme, el desenlace puede tener resultados grotescos que pongan en peligro la paz social.
Algunos comparan la muerte de Luis Donaldo Colosio con la de Manzo Rodríguez; aunque aún no hay tal semejanza por el impacto, sí representa, podríamos decir, el inicio de una rebelión de pronóstico reservado.
Si a los morenistas les preguntan su opinión sobre el clima de violencia que impera en el país, dirán que no pasa nada, que es politiquería, pero si se analiza a profundidad, la seguridad del pueblo queda más expuesta que en meses anteriores. Hay que tener cuidado con lo que se dice y cómo se actúa. El pueblo es el que demanda justicia y seguridad, no la oposición. Ésta solo aprovecha la ocasión y está en su derecho, pero que no se haga de lado la verdadera exigencia de una ciudadanía que empieza a tener hartazgo. Mucho cuidado, mucho cuidado con lo que podría desencadenarse.
