Mario Caballero
Le están mordiendo la mano al que les dio de comer
Aplaudo la determinación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en la lucha contra la corrupción, ese cáncer que ha erosionado la confianza pública en las instituciones y la justicia, y profundizado la pobreza y la desigualdad.
La corrupción es parte medular del atraso que hemos padecido como sociedad en rubros importantes como la salud, educación, seguridad y protección social. Por eso, combatirla no es una opción, sino una obligación apremiante que debe llevarse a cabo con decisión, valentía y voluntad política.
Desde que comenzó su administración, el gobernador ha sido insistente en no tolerar ningún abuso de autoridad y menos aún los actos de corrupción.
Como botón de muestra está la detención de seis servidores públicos del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) acusados del delito de extorsión agravada en contra de una mujer, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que iniciará el proceso legal en su contra.
Esto tuvo como consecuencia la destitución del director general del Cobach, Miguel Prado de los Santos, de quien se presume su complicidad con estos funcionarios que operaban una red de extorsión y cobro de moches a cambio de brindar favores o apoyos institucionales, como espacios laborales en el centro educativo, cambios de adscripción y ascensos.
El cabecilla era el chofer y amigo de todas las confianzas de Prado de los Santos, un tal Francisco “N”. Junto con esta persona fueron aprehendidos el director administrativo, el jefe del Departamento de Mantenimiento, el subdirector Jurídico, el jefe del Departamento de Almacén e Inventario, el director normativo y el jefe del Departamento de Recursos Materiales.
De tal suerte, la separación de Miguel Prado no sólo era deseable, sino sumamente exigible. Sería ingenuo pensar que era ajeno a los delitos cometidos por sus colaboradores, más todavía creer que desconocía lo que su chofer hacía y obtenía en beneficio personal utilizando su cercanía con él.
Sin embargo, el caso de corrupción de este politiquillo conocido como “El Sirenito” va más allá del Cobach.
COMPLICIDADES EN LA SE
Quien no conozca la historia de Miguel Prado podrá comprarle la idea de que es un hombre interesado por el bienestar de la ciudadanía chiapaneca, pero no es así y nunca ha sido.
De la misma manera en que hoy abusó del poder como director del Cobach, también lo hizo ayer en el Instituto para la Educación para los Adultos, la Secretaría de Pesca y la Delegación de Sedesol, dependencias de las que salió acusado de corrupción, tráfico de influencias y desvío de recursos públicos.
Tras su vergonzoso despido del Cobach se filtró información de que desde hace varios meses ha estado conspirando contra el secretario Roger Mandujano Ayala, al que quiere derrocar para relevarlo en la Secretaría de Educación estatal, y lo ha venido haciendo con la participación de varios servidores públicos de la misma dependencia. De hecho, varios de estos funcionarios estuvieron ligados a administraciones anteriores.
Uno de sus principales cómplices es Milton Miguel Hernández Torres, secretario técnico de la institución, quien se ha encargado de colocar a personas afines en puestos clave, como el Comité de Ética, la Coordinación Jurídica y la Contraloría Interna.
Dicho sea de paso, estos colaboradores a modo han sido señalados de ejercer hostigamientos, amenazas y agresiones físicas y verbales contra el personal, así como acoso sexual y desvío de recursos públicos.
Para mayor inri, utilizan las facultades que les confieren esos cargos para emprender investigaciones fraudulentas y emitir actas administrativas y jurídicas contra aquellos trabajadores que consideran incómodos. Por demás está mencionar la serie de despidos injustificados que han realizado cumpliendo las supuestas órdenes de Milton Hernández y Miguel Prado.
No es todo. Con la intención de desacreditar la gestión de Roger Mandujano y desestabilizar el organismo, operan actos de corrupción, tráfico de influencias, fraudes, entre otros ilícitos, que terminan por repercutir en el correcto desarrollo de distintos proyectos, programas y en la operatividad de las subsecretarías.
ALFREDO RAMÍREZ
Por desgracia, Miguel Prado de los Santos no es el único que se ha visto envuelto en escándalos de corrupción dentro del sector educativo.
Otro funcionario que con su cuestionable y opaco desempeño está defraudando la confianza del gobernador Eduardo Ramírez es Alfredo Ramírez Guzmán, subsecretario de Educación Federalizada.
Para empezar, se le acusa de fomentar el “aviadurismo”. Trabajadores de la institución acusan que ha hecho de la Dirección de Primarias Federalizadas una agencia de colocaciones donde sus amigos, compadres y recomendados cobran sin trabajar.
Segundo, está señalado de desviar recursos de la dependencia para financiar las actividades del partido Redes Sociales Progresistas.
Al respecto, se comenta que su cómplice es el director de Primarias, Noé Ramírez Chávez. Empero, hay información confiable de que la principal beneficiaria es Flor de María Guirao Aguilar, diputada local por mencionado partido político, quien según dispone a su complacencia de esos recursos con la complicidad de Luis Castillo.
A todo esto, Alfredo Ramírez y Flor Guirao tienen como centro de operaciones un inmueble ubicado en la 4ª. Norte y 18ª. Oriente, en Tuxtla Gutiérrez, cuya renta es presuntamente pagada con los recursos públicos obtenidos mediante esa nómina fantasma.
Tercero, es señalado de pedir moches a los presidentes municipales para financiar la creación de un nuevo partido político en el estado.
Cuarto, se dice que ha invertido una buena suma de dinero para enderezarle una campaña de desprestigio al subsecretario de Educación Estatal, Gilberto de los Santos Cruz, con el propósito de provocar su destitución y desviar la mirada sobre sus cada vez más evidentes actos de corrupción.
Quinto. Docentes inconformes denuncian que Alfredo Ramírez está hinchándose de dinero con la venta de plazas y nombramientos, asimismo con los interinatos y la promoción a horas adicionales. Por supuesto, tiene un cómplice, el dirigente de la Sección 7 de la CNTE, Isael González.
TRAIDORES
Comprendamos que el abuso de poder de Miguel Prado y Alfredo Ramírez supera el campo de lo político, puesto que sus malos manejos administrativos y financieros afectan lo que más nos interesa y por lo que el gobernador Eduardo Ramírez tanto empeño ha puesto: la educación de los chiapanecos.
Es deseable, entonces, que tanto uno como el otro sean investigados conforme a Derecho y, de ser encontrados responsables, se les castigue con todo el peso de la ley. La destitución del cargo, aunque exigible, no basta.
Además, sería imperdonable que los millones de pesos desviados por Miguel Prado a través de pagos mensuales a empresas fantasmas queden impunes. Sobre todo, cuando esas empresas están ligadas a despachos de outsourcing fiscal de Mario Bustamante, hijo del exlíder transportista del mismo nombre y concuñado de Carlos Amadeo Moguel Aguirre, empresario ejecutado en diciembre de 2023 por un presunto grupo criminal.
