+Asuman su responsabilidad
Jorge Fernández Menéndez
¿Cómo puede ser tan mala en términos políticos e insensible en lo humano, la respuesta del gobierno federal ante el asesinato de Carlos Manzo y la violencia que sufre el país? Todos los operadores de Morena dijeron al unísono que se quiere sacar raja política del crimen. La presidenta Sheinbaum en lugar de condenar a los criminales y lanzar una ofensiva en su contra, se lanzó contra la prensa y los medios “carroñeros” (y vaya que la elección de la palabra aplicada al caso es pésima), y como no podía ser de otra manera aseguró que la violencia en Michoacán “es culpa de la guerra de Calderón”.
Es falso, es la utilización de los recursos distractores predilectos de Jesús Ramírez que se han vuelto a imponer en la mañanera. Si la presidenta quisiera saber el génesis de la violencia en Michoacán podría preguntarle a un actor privilegiado de esa historia, el jefe de su oficina Lázaro Cárdenas Batel, que fue gobernador de Michoacán cuando asumió Calderón la presidencia en 2006. Lázaro, quizás el último gobernador que no estuvo relacionado o contemplativo con el narco en el estado, fue quien pidió a Calderón la intervención militar en una entidad que estaba azotada por la violencia, por los mismos grupos cuyos descendientes y sucesores son los que operan ahora el crimen en la región, sobre todo desde 1990. Me tocó verlo, reportarlo, escribir sobre el tema y realizar una larga entrevista con el nieto de Lázaro e hijo de Cuauhtémoc Cárdenas sobre el tema.
Pero no sólo se trata del entonces gobernador, el general Ricardo Trevilla poco después fue un muy eficiente jefe de zona militar en Apatzingán y Omar García Harfuch fue uno de los principales operadores de política antinarcóticos en Michoacán en la Policía Federal. Los tres conocen bien el tema y lo combatieron, no podemos decir lo mismo de sus sucesores. Leonel Godoy, gobernador por el PRD, ahora legislador por Morena, fue un desastre, su gobierno estuvo controlado de arriba hasta abajo por los criminales. Durante su gobierno se produjo el llamado michoacanazo, durante el cual se detuvo a 11 presidentes municipales y 16 integrantes de su gobierno, incluyendo buena parte de su gabinete de seguridad por sus relaciones con el crimen organizado. Casi todos fueron liberados por presiones ante jueces del legislativo local.
Pero había un caso mucho más especial: el hermano del gobernador, José Luis Godoy, elegido diputado, a quien la Tuta, el principal líder criminal, le había financiado la campaña. Se lo acusó y el PRD, a través de Alejandro Encinas, realizó toda una maniobra para meterlo a San Lázaro escondido en la cajuela de un automóvil para que rindiera protesta y tuviera fuero. Se pidió su desafuero y en el juicio se divulgaron las grabaciones de las conversaciones de Godoy con el líder de los caballeros templarios. Fue desaforado, pero antes de que se lo pudiera detener se dio a la fuga, hasta el día de hoy.
Cuando Lázaro todavía era gobernador hice un importante reportaje para televisión en Uruapan, ya entonces en medio de un dura crisis de violencia sobre todo contra los productores de aguacate. Fue la primera fosa común clandestina que conocí. Estaba en pleno centro de la ciudad en un taller mecánico donde había un impresionante cuarto de tortura donde se vejaba a las víctimas antes de matarlas. Desde entonces hemos cubierto muchas veces lo sucedido en esa región y hasta la llegada de Carlos Manzo ningún presidente municipal había osado enfrentarse al crimen en la zona económicamente más importante del estado. Manzo, que había sido diputado por Morena y que dejó ese partido en desacuerdo, entre otras cosas, con la política de abrazos y no balazos, para presentarse como candidato independiente a alcalde en 2024, no fue acompañado por el gobierno federal en esa lucha, mucho menos por el gobernador Ramírez Bedolla, que incluso se burlaba de Manzo por su firmeza ante el crimen. El gobernador, por cierto, es uno de los políticos que está en la mira de las autoridades de Estados Unidos por sus supuestas relaciones con el crimen organizado.
El asesinato de Carlos Manzo no es una excepción, es parte de un proceso de profunda descomposición en el estado ante la violencia, la extorsión sobre todo contra aguacateros y limoneros, por la ocupación y la explotación ilegal de minas, por el control criminal del puerto de Lázaro Cárdenas donde se exporta e importa buena parte del producto obtenido por los criminales y donde se importa drogas y precursores para los laboratorios clandestinos que operan en el estado. El secuestro y muerte hace apenas unos días de Bernardo Bravo el líder de los productores de limón, que también desafío a los grupos criminales, fue el preludio del asesinato de Manzo.
Mientras tanto los grupos criminales han llevado la violencia a otro nivel, no sólo con asesinatos, sino también con la utilización de minas terrestres antipersonales y drones artillados, usados contra fuerzas militares y la población.
¿De verdad ante este escenario terrible no se les ocurre en el gobierno federal algo más que tuitear contra los medios acusándolos de sacar raja del crimen, tratar a los periodistas de carroñeros y decir que todo es culpa de Calderón? La presidenta Sheinbaum debe asumir su responsabilidad y lanzar una verdadera ofensiva contra el crimen organizado en Michoacán, como reclamaba Carlos Manzo.
