No cabe duda de que, con cada día que pasa —a propósito de la festividad que acabamos de celebrar—, los mexicanos estamos muriendo lentamente, gota a gota, todo por la ambición de poder y por mantener la supremacía de quienes se creen todopoderosos.
En los hechos, todo lo que acontece alrededor de la política del partido en el poder conduce a que nadie, absolutamente nadie —ni sus propios correligionarios, sí, ni su propia gente— pueda ni deba alzar la voz o inconformarse públicamente si antes no cuenta con el visto bueno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
¿Le suena a imposición, a tiranía, que el partido haya reglamentado no abrir la boca si no se les autoriza previamente? Es lo mismo: solo hablarán los propios militantes de Morena cuando lo que se diga en su contra ya no les sirva a los intereses de la cúpula.
Esto viene a cuento porque Morena se debilitó tanto en el pasado reciente por las posturas adversas que, entre militantes, se manifestaron en los medios de comunicación; todo ello por la llegada de impresentables que, sin embargo, fueron promovidos por la dirigencia porque convenían a sus intereses. Es decir, se encumbraron en el poder.
Eso pasó con los Yunes, que dejaron al PAN para aliarse con Morena y sus partidos satélites —PT y PVEM—, con el objetivo de obtener la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión. O con la rebatinga que continuó con Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, entonces priista, quien tampoco dio las gracias por el empoderamiento que el otrora partido le permitió y que hoy lo tiene acuerpado por Morena.
El jueves, los nuevos integrantes afines a Morena de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validaron los lineamientos sobre el comportamiento ético del partido, que prohíben a sus militantes hacer declaraciones públicas que “desacrediten” a correligionarios o a las “decisiones colectivas del movimiento” sin haber acudido previamente ante la Comisión de Honestidad y Justicia del partido guinda.
Es decir, desde adentro, Morena se blinda para que no haya más escándalos, para impedir divisiones dentro del partido y para obligar a todos y todas a pensar y actuar conforme a lo que el gobierno y el partido en el poder digan y manden.
En otras palabras, Morena les ata la boca a sus militantes ante el desacuerdo. Hoy, funcionarios públicos, diputados, senadores, alcaldes y todo aquel o aquella que milite en Morena y se atreva a hablar mal de alguien de su propio partido tendrá que pensarlo dos veces, porque las sanciones que vendrían serían severas.
Ahora, con este latigazo, los morenistas no podrán decir ni una sola palabra si los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador continúan viajando, enriqueciéndose sin trabajar o sin explicar sus turbios comportamientos públicos. Tampoco nadie tendrá derecho a cuestionar los viajes placenteros de los funcionarios de primer nivel que desobedecen el decreto de austeridad promulgado hace siete años, desde que la Cuarta Transformación empezó a gobernar este país.
Todo lo anterior se resume en esta sentencia lapidaria de Morena, validada por el órgano electoral, en el sentido de que toda “conducta contraria a los principios del movimiento” incluye “emitir declaraciones públicas que desacrediten a otras personas militantes o las decisiones colectivas del movimiento sin agotar previamente las instancias internas del partido”. El mismo punto agrega que “los canales de diálogo y los cauces institucionales siempre estarán abiertos al debate, la denuncia, la crítica y la deliberación constructiva interna”.
Más claro, ni el agua. En otras palabras, los morenistas tienen amarradas las manos para dar manotazos —válgase la redundancia— y, desde ya, tienen el “pico cerrado”. Ni una palabra más que hiera la susceptibilidad de quienes están al frente del partido o del gobierno.
Esta grotesca medida, que silencia el derecho a la libertad de expresión, podría motivar que algunos legisladores morenistas en desacuerdo opten por retirarse de las filas del partido. Y es aquí donde Acción Nacional, el Revolucionario Institucional o Movimiento Ciudadano podrían aprovechar para abrir las puertas a las voces discordantes del oficialismo —que las hay— y empezar a enderezar el barco anclado en las huestes del poder, llámese Cámara de Diputados o de Senadores.
