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En una era donde los ideales de transparencia y honestidad deben ser los
principios rectores de cualquier gobierno que se digne de representar a un pueblo,
el actuar del Estado mexicano bajo la administración de la Cuarta Transformación
(4T) parece más bien ir en sentido opuesto a estos principios.
El caso de Hernán Bermúdez, exfuncionario vinculado con el grupo criminal «La
Barredora», es una clara muestra de esta contradicción. Mientras el gobierno del
entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO)
pregonaba el fin de la corrupción y la opacidad, las acciones concretas parecen
estar alimentando la desconfianza y la sospecha entre los ciudadanos.
El primer golpe a la promesa de transparencia llega cuando el gobierno decide
cerrar el expediente de Hernán Bermúdez, un caso que podría ofrecer una
ventana para entender la relación entre el poder político y los grupos criminales
que operan en México. ¿Por qué, en lugar de abrirse a la verdad y permitir que las
investigaciones sigan su curso, el gobierno opta por archivar el caso durante cinco
años? Esta decisión no solo es incomprensible, sino que va en contra de lo que la
administración de la 4T ha prometido: un gobierno abierto, sin corrupción y, sobre
todo, transparente.
La justificación oficial para esta acción ha sido que mantener el caso abierto
podría «entorpecer» las investigaciones. Sin embargo, lo que parece evidente es
que el cierre del expediente genera más dudas que certezas, y aumenta las
especulaciones sobre si realmente se está buscando la verdad o si, por el
contrario, se están protegiendo intereses ocultos.
Si el gobierno realmente estuviera comprometido con la lucha contra el crimen
organizado, abrir el expediente y dejar que la verdad fluya debería ser una
prioridad, no una amenaza a la estabilidad del país.
Lo que está en juego aquí no es solo la transparencia de una investigación, sino la
credibilidad de todo un proyecto de gobierno que se presenta como la antítesis del
viejo régimen. El discurso de la Cuarta Transformación ha sido claro en su crítica a
los gobiernos anteriores, acusándolos de ser cómplices de la corrupción y el
encubrimiento.
Sin embargo, los actos de la administración actual parecen dar pie a la misma
sospecha. Si el gobierno no es capaz de garantizar que sus investigaciones no
estén siendo manipuladas o frenadas por intereses oscuros, ¿cómo podemos
confiar en su promesa de cambiar el rumbo del país? ¿Dónde queda la pulcritud
cuando las acciones no coinciden con las palabras?
El caso de Hernán Bermúdez se convierte así en un símbolo de la desconexión
entre lo que el gobierno dice y lo que realmente hace. La opacidad que rodea el
manejo de este expediente no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia
preocupante que ha acompañado a la Cuarta Transformación en diversos casos
de relevancia pública.
La falta de claridad en temas como la contratación de funcionarios, el uso de
recursos públicos y la relación con ciertos grupos de poder ha creado una
atmósfera de desconfianza. La promesa de un gobierno transparente parece cada
vez más un discurso vacío cuando se enfrenta a situaciones que requieren
acciones claras y contundentes.
Defender a capa y espada a los políticos encumbrados en el primer círculo
nacional, cuando las evidencias dicen todo lo contrario, es una forma de tomarle el
pelo a los mexicanos. Si la dirigencia nacional de Morena ha pintado su línea
divisional del pasado con el presente, pues hay que sujetarse a la verdad y no
andar dando tumbos sin dirección, sólo para intentar desorientar a la población,
que hay que repetirlo hasta el cansancio, ya no se traga las mentiras.
El cierre del expediente de Hernán Bermúdez no solo deja un sabor amargo, sino
que también alimenta una percepción de que, tal vez, no todo es tan claro como
se nos quiere hacer creer. ¿Acaso se está ocultando algo más profundo detrás de
este caso? La sombra de la complicidad, de la falta de voluntad para enfrentar a
los actores corruptos que aún operan dentro y fuera del gobierno, parece seguir
acechando. ¿Por qué el gobierno se empeña en dar atole con el dedo al pueblo
mexicano, cuando este merece respuestas claras, sin medias tintas?
El tema no es trivial. En un país donde el crimen organizado ha tejido redes
profundas en todas las esferas de la vida política y social, casos como el de
Bermúdez no pueden ser tratados con opacidad.
La gente no quiere “gato por liebre”, quiere respuestas y acciones de aplicar la ley
para todos aquellos y aquellas que hoy se pavonean como los grandes
transformadores, pero que en realidad su transitar denota miedo, y aunque no
haya justicia, la divina o la de esta tierra, se palpará en cada paso que den porque
desde hace unos meses, su accionar ya no tiene paz, están más marcados que el
cuerpo de un marasalvatrucha.
