Editorial
El pasado jueves, se dio a conocer una noticia que tendrá que despejar muchas dudas respecto a la corrupción que imperó en una treintena de Ayuntamientos de la administración 2021-2024, cuyas pruebas de irregularidades en las Cuentas Públicas fueron consignadas en tiempo y forma por Diario Media Group, basándose en los propios reportes que la Auditoría Superior del Estado (ASE), difundió a través de su página electrónica.
El jueves, la LXIX Legislatura local recibió el paquete ejecutivo que contenía informes individuales de auditoría, y el informe general de resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.
Forzosamente en estos reportes que están en poder del Congreso del Estado, tiene que manifestarse los resolutivos finales del comportamiento de los presidentes municipales que fueron sindicados de haber “desaparecido” millones de pesos de las arcas públicas.
Aún se recuerda el desaguisado que generaron las publicaciones donde miles de pesos estaban sin comprobar. Tuxtla Gutiérrez, San Fernando, Berriozábal, Ocozocoautla, Cintalapa, Simojovel, San Cristóbal, Tonalá, Pijijiapan, entre muchos más, fueron los sindicados por el entonces auditor José Uriel Estrada Martínez, de presentar irregularidades “millonarias”.
Sin embargo, durante todo el sexenio anterior, coludido con la pasada LXVIII legislatura, el ahora ex diputado “indígena” nunca presentó una sola querella contra alcalde alguno que haya cometido fraude.
Es ridículo y hasta grosero que el ex funcionario haya jugado con la inteligencia de los chiapanecos, que no se tragaron el anzuelo de que los alcaldes que presentaron anomalías por millones de pesos, la hayan subsanado de buenas a primeras y sin tener una sola observación.
Es acá donde justamente el pueblo chiapaneco, a través de las redes sociales, reclamaba las componendas de Estrada Martínez con sus amigos alcaldes, a quienes no los tocó “ni con el pétalo de una rosa”.
Por eso es de suma relevancia lo que dice el actual Auditor Superior del Estado, José Antonio Aguilar Meza, en el sentido de que los chiapanecos deben tener certeza de que se vigila el ejercicio de los recursos públicos, en concordancia a lo que marcan las leyes en la materia y con “el objetivo de hacer frente a la corrupción en apego a una correcta rendición de cuentas”.
Ello es justamente lo que se quiere conocer, que la transparencia salga a flote para detectar qué alcaldes, que entregaron la Cuenta Pública 2023, no cumplieron o bien, cómo fue la forma en que operó el ex auditor para “limpiar” las declaraciones de sus amigos y compadres ex presidentes municipales.
Nos quedamos con el razonamiento que dijo Aguilar Meza de que la rendición y fiscalización de cuentas representa un método eficaz para el correcto ejercicio de recursos y permite proyectar la adecuada canalización del presupuesto en favor de los chiapanecos.
Si hubo desvíos es justo que se proceda conforme a derecho y no estar solapando las acciones fraudulentas del pasado, por la razón de que nadie en su sano juicio está de acuerdo en que ningún alcalde se pasó de “mano larga”.
Si hay irregularidades, tanto el Congreso como la misma ASE deben actuar para deslindar responsabilidades y con ello no pasar a formar parte de la red de encubrimiento que estructuró Estrada Martínez, la cual lo catapultó en sólo seis años como uno de los hombres más ricos del estado.
El contenido de las auditorías debe ser colgadas en la página de la ASE y del propio Congreso para que se conozca a fondo si el ex auditor logró engatusar a la nueva administración estatal o si estamos a la espera de noticias relevantes que lleven al desafuero de José Uriel Estrada Martínez para que enfrente la justicia.
Hay que tomar en cuenta que, en todo inicio de una administración, se deben dar golpes de autoridad para garantizar la confianza y credibilidad del pueblo, aunque, en este caso, hay que reconocer que estos dos factores ya son marca registrada para el actual gobernador por su férrea lucha contra la delincuencia organizada.
Por lo pronto, la gran incógnita es saber si le encontraron algo al ex auditor y sí en verdad pagará por su enriquecimiento a costa del erario público.
